La inspección de las prendas reveló diferencias notables en los materiales, el diseño de los logotipos y la calidad de impresión, además de etiquetas y sistemas de embalaje que no coincidían con los exigidos por la distribución oficial del Athletic Club de Bilbao. Según informó la Guardia Civil, los artículos incautados no contaban con autorización oficial para su venta ni procedían de fabricantes reconocidos, lo que constituyó uno de los principales indicios utilizados para considerar la mercancía como falsificada. La operación tuvo lugar en Santurtzi (Bizkaia) y finalizó con la detención de un hombre acusado de un delito contra la propiedad industrial y la incautación de 2.070 equipaciones deportivas apócrifas valoradas en 132.000 euros.
De acuerdo con lo comunicado por la Guardia Civil, la investigación se desarrolló a través de las patrullas Fiscales y de Fronteras de la Comandancia de Bizkaia, quienes detectaron irregularidades en la paquetería gestionada por una empresa de mensajería. El envío, detectado en los últimos días de octubre, llamó la atención de los agentes por el volumen, la procedencia y las características declaradas de la mercancía.
El medio consignó que, durante la revisión del paquete, los efectivos hallaron las 2.070 equipaciones deportivas, todas ellas con la imagen del Athletic Club de Bilbao, pero ninguna con respaldo de la entidad ni de proveedores oficiales. Las primeras investigaciones permitieron determinar que las prendas carecían de los elementos y acabados propios del producto original, lo que reforzó las sospechas de falsificación.
Una vez identificada la persona que había recibido el envío, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto responsable de un delito que atenta contra la propiedad industrial, tipificado en el Código Penal español. Seguidamente, los agentes confiscaron la totalidad de la mercancía como prueba y medida cautelar.
La Guardia Civil destacó, según se desprende del comunicado recogido por el medio, que la fabricación y venta de productos falsificados altera el funcionamiento del mercado legal, perjudica tanto a fabricantes como a distribuidores oficiales, afecta al empleo y puede poner en riesgo la seguridad de los consumidores. La institución remarcó la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de prácticas irregulares, e hizo un llamado para notificar cualquier actividad sospechosa vinculada con la distribución o comercialización de artículos imitativos.
El caso expuesto representa un ejemplo de la actuación coordinada de los cuerpos policiales en la lucha contra delitos económicos, según detalló la Guardia Civil, cuyo objetivo es proteger los derechos de propiedad industrial e impedir la circulación de mercancías no autorizadas dentro del mercado nacional.
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