Mueren cuatro personas en enfrentamientos con la Policía por un proyecto minero en el oeste de Kenia

Alrededor de 800 familias enfrentan el riesgo de perder sus residencias y ser reubicadas forzosamente debido al desarrollo de una mina subterránea de oro proyectada por la compañía británica Shanta Gold, intervención que comprende más de 136 hectáreas de territorio tradicionalmente ocupado por los habitantes de Musoli, Isulu y Bushiangala, en el oeste de Kenia. Según consignó el medio keniano The Star, la expectativa de desplazamiento y la destrucción de sitios considerados sagrados provocaron un clima de temor y resistencia, desencadenando una crisis de seguridad que dejó al menos cuatro personas muertas y seis lesionadas en el contexto de una audiencia pública sobre el proyecto.

The Star detalló que la controversia surgió a raíz de que los residentes de las comunidades afectadas entregaron un memorando ante la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental (NEMA) para expresar su postura en contra del emprendimiento minero. En ese documento, los firmantes calificaron de inaceptable tanto el desplazamiento de familias como la afectación de tumbas y espacios de veneración de relevancia local. A la disputa territorial se sumó la molestia generalizada por la forma en que las autoridades han implementado el proceso de consulta, percibido por gran parte de la población como opaco e insuficiente en términos de participación democrática.

La audiencia pública en la que se produjeron los enfrentamientos tuvo lugar en una escuela de Kakamega y fue convocada por el director general de NEMA. El propósito del encuentro era recabar opiniones y preocupaciones de la ciudadanía respecto a la mina, pero la tensión escaló cuando un grupo de opositores al proyecto irrumpió en la reunión. Según informó The Star, la policía regional, bajo la supervisión de Issa Mohamoud, intervino intentando restaurar el orden, pero los desbordes terminaron en violencia física, uso de armas de fuego y personas gravemente heridas, entre ellas dos agentes trasladados a hospitales locales tras agresiones con objetos contundentes.

El incidente violento se enmarca en un historial de fricciones entre la administración local y la población del oeste de Kenia, donde la perspectiva de una mina valorada en cerca de 680.000 millones de chelines kenianos (unos 4.500 millones de euros) ha abierto un debate sobre la distribución de beneficios y costos para las comunidades. De acuerdo con lo publicaron desde The Star, el descontento social alcanzó niveles que impidieron la normal continuidad de la audiencia, y afectó incluso a los trabajadores de la prensa, ya que, durante la cobertura de los hechos, al menos un periodista resultó lesionado y varios equipos de filmación y fotografía quedaron inutilizados por el clima de violencia.

El memorando presentado por los opositores ante NEMA puso énfasis en la exigencia de que el desarrollo minero no avance sin un acuerdo previo y explícito de la colectividad local. Los líderes comunitarios señalaron que Shanta Gold, en tanto empresa privada, no dispone de autoridad legítima para apropiarse de tierras ancestrales si los dueños tradicionales de los terrenos no otorgan su consentimiento. La protección de la herencia cultural, identificada por los residentes con cementerios y espacios espirituales, se erige como eje fundamental de sus reivindicaciones, reportó The Star.

El debate generado por el megaproyecto minero incluye también cuestionamientos sobre el impacto ambiental. La extensión prevista para el desarrollo de la mina ha suscitado inquietudes sobre el equilibrio ecológico y la preservación de los modos de vida asociados con el aprovechamiento tradicional de la tierra. The Star reportó que las críticas de los habitantes no solo se orientan al aspecto económico, sino que abarcan la protección del entramado social que, según argumentaron, resultaría fragmentado en caso de avanzar el desplazamiento forzoso.

El proceso mismo de consulta y toma de decisiones fue uno de los puntos más discutidos. Un sector significativo de la población manifestó, según la información recabada por The Star, una profunda desconfianza hacia los mecanismos oficiales, a los que consideran poco transparentes y poco representativos de las voces comunitarias. El memorando exige garantías de participación real, donde la opinión de los residentes cuente efectivamente en la resolución de proyectos que afectan su entorno directo.

Durante el desarrollo de la audiencia, la actuación de la policía estuvo destinada a evitar altercados, pero las sucesivas provocaciones y la intensidad del descontento desbordaron los controles previstos. La respuesta de las fuerzas de seguridad terminó con el uso de armas letales, intervención que produjo víctimas fatales y lesiones de consideración tanto entre manifestantes como entre agentes. The Star detalló en su cobertura que la magnitud de los disturbios ilustró la complejidad de gestionar procesos extractivos en territorios que poseen valor cultural y espiritual para sus habitantes.

El proyecto minero propuesto por Shanta Gold, presentado por la firma como uno de los hallazgos auríferos más sobresalientes en la historia del país africano, busca posicionar a Kenia como actor destacado regional en la producción de oro. Pese al argumento de que el emprendimiento puede generar oportunidades económicas y fortalecer la inversión extranjera, la magnitud de la iniciativa ha elevado la presión sobre el tejido social local y profundizado la discusión acerca de la legitimidad de las transferencias de tierras ancestrales a manos de intereses foráneos, según reportó el medio The Star.

Las protestas que derivaron en los hechos de Kakamega forman parte de una problemática estructural más amplia, vinculada a los derechos de las comunidades tradicionales y la defensa de sus costumbres frente a intereses económicos empresariales. Las demandas ciudadanas reconocidas por The Star giran en torno a la priorización del bienestar colectivo, la garantía de consulta previa y el respeto irrestricto a la identidad y memoria histórica de la región.

Tras los sucesos violentos, el gobierno de Kenia no ha emitido decisiones formales respecto al futuro de la mina ni sobre eventuales cambios en el procedimiento de consulta o de reasentamiento, de acuerdo con lo registrado por The Star. Así, la controversia por el proyecto minero continúa ocupando la agenda local e internacional, con exigencias claras de transparencia, salvaguardia del patrimonio cultural y respeto al derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro y su territorio.