Al menos cuatro personas han muerto y otras seis, incluidos dos policías, han sido hospitalizadas este jueves en la ciudad de Kakamega, en el oeste de Kenia, a causa de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad kenianas y grupos de manifestantes que protestaban contra un proyecto minero para la extracción de oro por una empresa británica por valor de 680.000 millones de chelines kenianos (casi 4.500 millones de euros).
El comandante de la Policía regional, Issa Mohamoud, ha confirmado el número de muertes, que se han producido después de que los agentes hayan abierto fuego contra los manifestantes, que les lanzaban piedras, según ha recogido el diario keniano 'The Star', que también ha precisado que los agentes ingresados han resultado gravemente heridos al ser atacados con palos y barras de metal.
Las protestas han estallado durante una reunión convocada por el director general de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental (NEMA, por sus siglas en inglés) para recabar las opiniones de la comunidad local y las partes interesadas sobre el proyecto minero propuesto, que prevé el realojamiento de más de 800 familias.
Mientras el encuentro tenía lugar en una escuela de primaria de la ciudad, un grupo de personas ha irrumpido en el centro, enfrentándose y finalmente doblegando a los agentes allí movilizados. Asimismo, los periodistas que cubrían el evento también han sido atacados, resultando herido uno de ellos mientras que otros han perdido cámaras y otros enseres.
La empresa minera con sede en Reino Unido Shanta Gold anunció recientemente el descubrimiento de lo que ha descrito como uno de los mayores yacimientos de oro de Kenia y cuya explotación, prevista a través de una mina subterránea a gran escala, requeriría realojar a cerca de 800 hogares radicados en una zona de más de 136 hectáreas en el subcondado Sur de Kakamega.
La citada mina abarcaría las localidades de Musoli e Isulu, cuyos habitantes, junto a los de la cercana Bushiangala, han expresado formalmente su oposición al proyecto a través de un memorándum presentado a la propia NEMA en el que manifiestan su preocupación por la forma en que se llevaron a cabo las consultas con la población local, así como por los posibles efectos sobre el medio ambiente y los medios de vida de la zona.
"Nos oponemos a la aprobación de este proyecto porque se trata de una iniciativa comercial privada, no de un proyecto de interés público, y por lo tanto no puede adquirir legalmente tierras ancestrales sin consentimiento", reza el documento, que también advierte de la existencia de lugares sagrados y tumbas en el área prevista para la mina, según ha recogido 'The Star'.
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