Liberadas en Colombia 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, por el ELN

El monitoreo sistemático a los familiares de las personas recientemente liberadas en Catatumbo formó parte de la estrategia integral desplegada por las autoridades para garantizar el restablecimiento físico y emocional de los afectados. De acuerdo con lo consignado por el medio estatal, 28 personas —incluidas once mujeres, cinco de ellas menores de edad— salieron de cautiverio tras haber permanecido retenidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región noreste de Colombia. La noticia, que motivó la movilización de equipos especializados, colmó de expectativas tanto a las comunidades locales como a múltiples organismos humanitarios.

Según informó el medio estatal, la Defensoría del Pueblo de Colombia encabezó la coordinación de mecanismos de apoyo dirigidos a la atención inmediata y a la integración de las personas liberadas, sumando sus acciones a las de los gobiernos municipales y departamentales, y de distintos actores multilaterales y organizaciones humanitarias presentes en Catatumbo. El abordaje incluyó la aplicación de protocolos diseñados para cada grupo etario y de género, contemplando tanto a adultos como a menores de edad y garantizando la asistencia a todo el núcleo familiar. Desde el primer momento, la estrategia contempló consultas médicas, evaluaciones psicológicas y orientación jurídica, con acceso garantizado a la red pública de salud y soporte psicosocial.

La Defensoría, según detalló el medio estatal, afirmó que el procedimiento no solo se centró en la atención urgente de quienes salieron de cautiverio, sino en la implementación de planes a largo plazo orientados a prevenir riesgos futuros, evitar episodios recurrentes de violencia y fortalecer la convivencia social. Especialistas multidisciplinarios dirigieron el acompañamiento personalizado, estructurado para proteger a las personas liberadas de posibles secuelas residuales del secuestro, así como para reducir la vulnerabilidad frente a nuevas formas de exclusión.

Tal como reportó el medio estatal, durante las primeras fases de reunificación, la seguridad física contó con refuerzos tanto en los traslados como en los encuentros familiares. El entorno seguro fue una prioridad para permitir que la familia retomara el contacto sin peligros adicionales. A la par, se ofreció asesoría legal para resolver trámites pendientes, dudas sobre la restitución de derechos y la orientación necesaria sobre el funcionamiento del sistema sanitario.

El despliegue involucró a organismos multilaterales, a la Iglesia Católica y a representantes humanitarios, quienes proporcionaron atención tanto a los afectados como a sus allegados, incluyendo revisiones periódicas de salud y acceso continuo a servicios médicos y psicológicos. El medio estatal remarcó que la cobertura institucional tuvo alcance integral, posibilitando la reconstrucción de los vínculos familiares y sociales deteriorados por el conflicto armado y el cautiverio.

De acuerdo a los datos oficiales citados por el medio estatal, la intervención se realizó con protocolos orientados a restaurar la estabilidad física y emocional, habilitando el acceso a programas de rehabilitación, iniciativas psicosociales y mecanismos de orientación permanente. Quienes lo requirieran podían ser incorporados a dichos esquemas, estructurados para facilitar la readaptación y para acompañar el proceso de restauración del proyecto de vida anterior al secuestro.

La situación de violencia persistente en Catatumbo, caracterizada por la actividad de grupos armados ilegales y un elevado número de secuestros según registros recientes de la Defensoría del Pueblo, llevó a reforzar los dispositivos de prevención y respuesta. El medio estatal documentó la activación de alertas tempranas, el incremento en la vigilancia territorial y la instauración de protocolos inmediatos de emergencia para mitigar el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos.

La atención médica es uno de los ejes principales de la intervención, según publicó el medio estatal, e incluye servicios de diagnóstico avanzado y seguimiento interdisciplinario adaptado a las necesidades identificadas. El trabajo psicológico se ajustó a las experiencias traumáticas asociadas al secuestro, con lineamientos específicos para fomentar la recuperación integral de los afectados. La asesoría legal acompañó a las víctimas y a sus familias en cuestiones relacionadas con la restitución de derechos y acceso a la justicia.

En la comunicación pública documentada por medios oficiales, la Defensoría del Pueblo calificó el secuestro como una de las violaciones más graves de la legislación nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos adoptados por Colombia. Iris Martín, directora de dicha institución, señaló: “La guerra está mal. La vida y la libertad están bien.” Esta declaración refleja la perspectiva institucional frente a la necesidad de erradicar el secuestro y establecer políticas de protección a las víctimas.

Como parte de la respuesta estatal, las iniciativas de atención forman parte de una política nacional dirigida a la prevención, asistencia y protección estable de quienes han resultado afectados directa o indirectamente por el conflicto armado. Según la información difundida por el medio estatal, la coordinación entre autoridades locales, organismos estatales y multilaterales constituye la base de un enfoque orientado a la sostenibilidad y perdurabilidad de las soluciones implementadas.

El seguimiento individual de cada persona liberada quedó bajo la responsabilidad de instituciones sanitarias y de bienestar social a nivel municipal y departamental. Estos organismos aplican mecanismos de vigilancia que permiten anticipar situaciones de riesgo, actuar ante posibles recaídas y consolidar sistemas de protección que garanticen la continuidad del acompañamiento institucional, según recogió el medio estatal.

El compromiso ratificado públicamente por la Defensoría del Pueblo apunta a priorizar el respeto a la vida, la libertad y la restitución de derechos como elementos centrales en el manejo del conflicto armado en regiones como Catatumbo. Las medidas institucionales adoptadas tras la liberación de las 28 personas buscan restaurar sus condiciones previas al secuestro, promover procesos reparadores y fortalecer la presencia del Estado a fin de contener los efectos de la violencia y evitar que surjan nuevas situaciones de revictimización o exclusión.