La UE acuerda retrasar hasta finales de 2026 la aplicación de la ley de deforestación

La revisión del calendario y las condiciones para implementar la legislación antideforestación en la Unión Europea responde a la postura manifestada por sectores como la agricultura y la silvicultura, así como por operadores empresariales que solicitaron ampliar los plazos y simplificar los procedimientos para adaptarse a las nuevas exigencias. Según publicó el medio, tras este proceso de negociación, las autoridades europeas acordaron retrasar la entrada en vigor de la ley de deforestación hasta finales de 2026 para las grandes empresas, y hasta el 30 de junio de 2027 para las pymes e individuos involucrados, modificación que atiende la complejidad de la transición a los nuevos estándares regulatorios y queda pendiente de ratificación parlamentaria.

De acuerdo con el medio, las instituciones europeas lograron un consenso el jueves anterior para modificar los plazos y los procedimientos asociados a la norma, con la finalidad de ofrecer un margen más amplio de adaptación tanto en ámbito técnico como legal. El calendario acordado establece que el conjunto de grandes operadores deberá regirse por estas obligaciones a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las pequeñas y medianas empresas, junto a particulares afectados, dispondrán de un semestre adicional, hasta el 30 de junio de 2027, para cumplir con los requisitos señalados.

El medio detalló que la prórroga deriva de los argumentos presentados por distintos sectores productivos y por diversos Estados miembros, quienes solicitaron flexibilidad para hacer frente a los procedimientos de diligencia debida y los controles de trazabilidad ambiental. De acuerdo con la información difundida, la normativa somete a control solo a los productos con riesgo directo de deforestación, mientras que los materiales impresos, considerados de baja implicación ecológica, quedan fuera de la regulación. Esta exclusión apunta a concentrar los recursos regulatorios y reducir la carga administrativa en áreas no prioritarias.

Según consignó el medio, otra de las novedades introducidas por el acuerdo radica en la simplificación de los requisitos de trazabilidad, con el propósito de permitir tanto a grandes compañías como a pymes la aplicación más práctica de los controles ambientales. El texto normativo limita el rigor de los mecanismos regulatorios a aquellos bienes que presenten un riesgo directo y significativo de deforestación, procurando evitar requisitos innecesarios en sectores con baja incidencia ecológica.

Durante las conversaciones mantenidas entre el Parlamento Europeo y el Consejo, representantes de sectores afectados insistieron en la importancia de plazos adicionales y procedimientos más ágiles para facilitar la transición sin provocar interrupciones ni impactos negativos en la cadena de suministro. El medio subrayó que el texto en negociación contempla la posibilidad de modificar instrumentos y procedimientos antes de que se declare su obligatoriedad total, respondiendo a inquietudes sobre la viabilidad de implementación.

Christine Schneider, eurodiputada y ponente del Parlamento en la materia, resaltó en declaraciones recogidas por el medio que la versión final de la norma “protege los bosques que se enfrentan a un riesgo real de deforestación, al tiempo que evitamos obligaciones innecesarias en zonas donde no existe tal riesgo”. Schneider puntualizó ante los interlocutores comunitarios que se dio una respuesta adecuada a las inquietudes de agricultores, silvicultores y empresas, de modo que el reglamento podrá ejecutarse de manera realista y práctica para los sectores concernidos.

El procedimiento legislativo para aprobar la reforma contempla la votación en el pleno del Parlamento Europeo entre el 15 y el 18 de diciembre, así como el aval definitivo del Consejo. Según resaltó el medio, si este proceso no concluye antes de fin de año, quedarán vigentes los plazos originales previstos en la normativa. Una vez finalizada la tramitación, la decisión se publicará en el diario oficial de la Unión Europea.

La ley europea para la prevención de la deforestación representa una herramienta central en las políticas climáticas comunitarias. Su objetivo principal es asegurar que los productos ingresados y comercializados dentro del mercado común no provengan de cadenas de suministro relacionadas con la destrucción de ecosistemas forestales, según detalló el medio. La regulación aspira a reducir la huella de la Unión Europea en la pérdida global de bosques y, al mismo tiempo, equiparar las obligaciones ecológicas con la capacidad de adaptación económica de empresas y Estados.

El proceso de ajuste legislativo puso de manifiesto la tensión existente entre la ambición medioambiental del reglamento y la posibilidad realista de que los diferentes actores logren adaptarse a las obligaciones impuestas. El medio explicó que la ampliación de los plazos y la simplificación de requisitos fueron demandas reiteradas por actores económicos, que advirtieron sobre el riesgo de enfrentar dificultades de cumplimiento y paros en la actividad si se imponían plazos o requisitos excesivamente restrictivos.

La regulación concentra los controles y exigencias en los sectores y áreas que han sido previamente identificados como vulnerables a la deforestación, con el objetivo declarado de emplear los recursos regulatorios donde resulten más eficaces y evitar, al mismo tiempo, nuevas cargas para sectores o productos con menor incidencia ecológica. Según informó el medio, esta estrategia responde igualmente a la necesidad de garantizar la viabilidad de la aplicación por parte de empresas y administraciones nacionales, asegurando que los controles sean ejecutables y efectivos.

Con la entrada en vigor de la normativa en las nuevas fechas definidas, las grandes compañías se verán obligadas a aplicar sistemas de diligencia debida y controles de trazabilidad para todos los bienes sujetos a regulación, mientras que las pequeñas y medianas empresas dispondrán de un periodo adicional de seis meses para adaptar sus procedimientos. Este mecanismo pretende, según publicó el medio, que la legislación tenga un despliegue uniforme a lo largo del territorio comunitario, minimizando las disrupciones en la cadena de suministros y en las dinámicas comerciales entre Estados miembros.

El acuerdo mantiene sin cambios el enfoque de protección sobre los bosques frente a riesgos reales de deforestación, al tiempo que facilita una transición extendida para ajustar procedimientos y posibilitar la integración plena de los nuevos sistemas en las dinámicas empresariales y administrativas. Según el medio, tras la aprobación política, se prevén revisiones y eventuales modificaciones de la normativa en función de la experiencia obtenida cuando empresas y autoridades nacionales comiencen a operar bajo el nuevo marco legal y se identifiquen necesidades o barreras adicionales.