Inhabilitada por diez años la fiscal general de Perú suspendida en septiembre, Delia Espinoza

Durante su intervención ante el pleno del Congreso, Delia Espinoza argumentó que la sanción en su contra había respondido a intereses ajenos a la legalidad y originados en disputas políticas y venganzas personales. Con estas afirmaciones, la exfiscal general de Perú expresó su inconformidad frente a la decisión que adoptaron los legisladores, quienes resolvieron destituirla e inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante diez años, sanción máxima establecida legalmente en el país para funcionarios públicos. Según informó La República, este caso reavivó el debate sobre el alcance del control parlamentario y la autonomía judicial, así como sobre los límites de la intervención política en el Ministerio Público.

Tal como publicó La República, la votación definitiva se efectuó después de una reconsideración, ya que en el primer intento no se logró el mínimo de 68 votos favorables requerido para sancionar de manera administrativa a Espinoza. Finalmente, 71 congresistas aprobaron la destitución y la inhabilitación, mientras que 19 votaron en contra y 3 optaron por abstenerse. La medida, precisó La República, impide a Espinoza asumir cualquier tipo de responsabilidad estatal por una década.

De acuerdo con el medio, la suspensión de Espinoza tuvo lugar en septiembre y la resolución parlamentaria incluyó acusaciones de abuso de autoridad, delitos contra la fe pública y prevaricación. La principal controversia se centró en el supuesto desacato de la exfiscal a la Ley 32130, norma que otorga a la Policía Nacional nuevas atribuciones investigativas en procesos fiscales, así como en su negativa para restablecer en el cargo a Patricia Benavides, exfiscal también involucrada en investigaciones por corrupción y tráfico de influencias.

La Junta Nacional de Justicia avaló el informe legislativo que recomendó la destitución, al considerar que las presuntas conductas constituyeron una infracción grave de las funciones que le correspondían, según detalló La República. Espinoza, por su parte, insistió en que su trayectoria estuvo alejada de intereses partidarios y recalcó que las denuncias que ella misma presentó contra miembros del Congreso influyeron en el inicio del proceso disciplinario.

El debate parlamentario giró en torno al grado de responsabilidad de los altos funcionarios ante las decisiones del Congreso y la justicia, así como a la legitimidad de la intervención legislativa en instituciones independientes. Diversas bancadas resaltaron la necesidad de aplicar la ley de forma equitativa y recordaron que ningún funcionario público goza de inmunidad absoluta frente a posibles infracciones, reportó el medio.

La República enfatizó que la Ley 32130 continúa generando cuestionamientos sobre la distribución de competencias entre la Fiscalía y la Policía Nacional, pues el marco legal modifica el esquema tradicional de liderazgo en investigaciones penales. La promulgación de la norma ha impulsado una discusión más amplia sobre la separación de poderes, la autonomía de los órganos de justicia y la posibilidad de injerencia parlamentaria en la resolución de disputas institucionales.

En su alegato de defensa frente al Congreso, Espinoza criticó la falta de garantías en el proceso disciplinario, sostuvo que se vulneró la imparcialidad debida y mostró gratitud a quienes respaldaron su labor. Manifestó su aspiración a regresar al sector público en el futuro y reiteró su disconformidad por la transparencia e imparcialidad en los procedimientos aplicados por el Legislativo, señaló La República.

Este episodio se inserta en una sucesión de eventos que han puesto en entredicho la credibilidad de los mecanismos disciplinarios internos del sistema penal, en especial tras la destitución previa de Patricia Benavides. El caso de Benavides, también fiscal general separada temporalmente en el marco de investigaciones relevantes por corrupción, ya había suscitado interrogantes en torno a la legitimidad de los contrapesos en el Estado peruano.

La República consignó que el desenlace del proceso contra Espinoza intensificó las tensiones entre órganos de diferentes poderes, avivando la discusión acerca del verdadero alcance de la fiscalización parlamentaria sobre altos funcionarios de organismos autónomos. Mientras tanto, diversos sectores continúan evaluando si la sanción aplicada constituye una manifestación legítima de control o representa una injerencia política excesiva en la administración de justicia.

El debate sobre los procedimientos de supervisión parlamentaria y la autonomía de la Fiscalía permanece abierto, ya que persisten puntos de fricción en torno a la interpretación y aplicación de la legislación vigente. Estas controversias se desarrollan en un escenario de creciente escepticismo social respecto a la gestión del Ministerio Público y a la fortaleza de los equilibrios en el aparato estatal, reportó La República. Según subraya el medio, la supervisión de las autoridades políticas sobre entes independientes seguirá sujeta a un escrutinio riguroso, mientras persistan las diferencias acerca de los límites del control parlamentario y del resguardo de la autonomía institucional en el país.