El BOE publica el Real Decreto para subir el sueldo de los funcionarios un 2,5% este año y un 1,5% en 2026

Un pago único destinado a los 540.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) compensará en diciembre la subida salarial pactada para 2025, según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este abono corresponde a los atrasos generados desde enero de 2025 y se calcula que, para quienes perciben un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales, la retribución adicional rondará los 1.140 euros. Además de la Administración General del Estado, el Real Decreto publicado afecta a casi 3,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones españolas, aunque la instrumentación y plazos para hacer efectivo el pago en comunidades autónomas y ayuntamientos dependerán de los acuerdos propios de cada ámbito.

El BOE detalló en su edición de este miércoles la publicación del Real Decreto-ley que regula el aumento del 2,5% en las remuneraciones de los funcionarios para el ejercicio actual, retroactivo desde el 1 de enero, junto con una previsión de incremento del 1,5% fijada para 2026. Esta normativa, que entrará en vigor inmediatamente tras su publicación, responde al acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF para un alza salarial global del 11% entre 2025 y 2028. Según reportó el BOE, la central sindical CCOO, que no había suscrito el pacto previamente, decidió sumarse al acuerdo tras deliberación interna en su Consejo Confederal.

La distribución del incremento salarial comprenderá una subida del 2,5% para 2025, consolidada respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024. Para el año siguiente, el decreto establece una revalorización fijada del 1,5% desde el 1 de enero, a la que podría sumarse medio punto porcentual si la inflación en 2026 iguala o supera ese valor, según detalló la publicación oficial. En ese caso, el 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027, y tendría efectos retroactivos al inicio de 2026.

El Real Decreto-ley deja establecido que la aplicación del incremento salarial de 2025 será efectiva de inmediato para la Administración General del Estado, con la particularidad de un pago único en diciembre que cubre los atrasos desde enero de ese año. Medios sindicales citados por el BOE ejemplificaron que aquellos funcionarios con remuneraciones promedio recibirán un ingreso extraordinario similar a una nómina mensual adicional como resultado de este reajuste.

Respecto a las administraciones autonómicas y locales, el Real Decreto implica que cada gobierno regional y municipal deberá acordar el cronograma y modalidad de pago correspondiente a la subida salarial y a los atrasos del ejercicio 2025. Según consignó el BOE, estos abonos podrán realizarse de forma progresiva durante 2026, 2027 y 2028, o bien concentrarse en una única compensación en diciembre de 2025, dependiendo de la negociación en cada ámbito administrativo.

La normativa recién aprobada abarca incrementos adicionales para los años siguientes. Según explicó el BOE, para 2026 los funcionarios percibirán una subida consolidable del 1,5%, con efectos retroactivos también desde el inicio de ese año y la posibilidad de ampliarse en el citado 0,5% condicionado por la inflación. El acuerdo sindical y gubernamental contempla para 2027 un alza del 4,5% y para 2028 un incremento del 2%. Aunque el pacto establece un incremento total del 11% para el periodo 2025-2028, estimaciones sindicales trasladadas por el BOE calculan que el efecto acumulado de los aumentos anuales podría elevarse hasta el 11,5%.

El proceso de validación del Real Decreto-ley todavía requiere la ratificación parlamentaria. Según detalló el BOE, la norma se someterá a debate y votación en el Pleno del Congreso la próxima semana, siendo esta la única sesión programada en diciembre por el calendario electoral y festivo. La urgencia del Gobierno por sacar adelante las medidas pendientes se refleja en la acumulación de decretos ley destinados a su convalidación en ese último pleno del año legislativo. Los decretos ley, de acuerdo con la normativa española, entran en vigor tras su publicación, pero pierden validez definitiva si no obtienen el visto bueno del Congreso dentro de un plazo de un mes.

La estructura del acuerdo salarial alcanzado implica la coordinación entre el Gobierno central y las principales centrales sindicales del sector público español. Según recoge el BOE, la mesa de negociación incluyó como novedad la incorporación reciente de CCOO al pacto, cuyas bases contemplan la actualización anual de las retribuciones en función de parámetros como la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) para asegurar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

En cuanto a la aplicación territorial, el BOE apuntó que la mayor parte de los efectos de la subida se concentran en la Administración General del Estado, donde se prevé el abono inmediato. Las comunidades autónomas y entidades locales mantendrán flexibilidad para definir el procedimiento de pago, siempre dentro de los parámetros fijados por el acuerdo nacional y el propio Real Decreto. Cada ámbito deberá utilizar la fórmula más adecuada según su marco de negociación colectivo.

El BOE cifró en 3,5 millones a los empleados públicos vinculados a las administraciones del Estado, autonómicas y locales afectados potencialmente por las subidas previstas. El impacto del incremento salarial se basa en anteriores procesos de diálogo social entre Gobierno y sindicatos, recogiendo las demandas de actualización de las condiciones retributivas tanto del personal funcionario como estatutario y laboral de todo el país.

Para cada ejercicio, la normativa estipula tanto la cuantía fija de las remuneraciones como la posibilidad de revisión adicional basada en la inflación. Conforme a la información del BOE, si la variación del IPC anual resulta igual o superior a los incrementos pactados, se agregará ese medio punto extra a la retribución. Este mecanismo busca evitar pérdidas de poder adquisitivo ante eventuales subidas de precios superiores a lo previsto.

El texto del Real Decreto-ley menciona expresamente la consolidación de los incrementos, lo que supone su incorporación permanente a las tablas salariales de los funcionarios y empleados públicos. De acuerdo con lo publicado por el BOE, este aspecto garantiza que los salarios base ajustados formen la referencia para futuros cálculos y generan un efecto acumulativo durante el periodo de vigencia del acuerdo.

Los calendarios de pago y plazos para el cobro de atrasos y nuevas retribuciones quedan sujetos a los acuerdos que pueda alcanzar cada ámbito administrativo, según puntualizó el BOE. En el caso particular de la Administración General del Estado, el pago único en diciembre cubrirá tanto los atrasos de 2025 como el incremento progresivo que materializa la subida global fijada en el acuerdo 2025-2028.

El Consejo de Ministros validó el Real Decreto-ley el martes anterior a su publicación, activando así el mecanismo legal para la gestión inmediata de la subida salarial y cumpliendo los compromisos alcanzados en la mesa de negociación colectiva. Desde el punto de vista administrativo, los efectos del decreto tienen rango vinculante para todo el personal afectado, en espera de la confirmación final por parte de la Cámara Baja, tal como exige el procedimiento legislativo.