Bustinduy presenta un protocolo pionero para la atención a personas con discapacidad en situación de emergencia

El documento estatal presentado en la 32ª Reunión del Consejo Rector del Real Patronato sobre Discapacidad introduce, por primera vez en la Unión Europea, pautas obligatorias de comunicación y atención para los servicios de emergencia al atender a personas con discapacidad en situaciones críticas. Según consignó el medio, la presentación estuvo encabezada por la Reina Letizia y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y tuvo lugar antes de la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras Demencias de Salamanca (CREA).

De acuerdo con lo publicado, el protocolo ya cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias y establece un marco homogéneo para toda España. La finalidad es que los profesionales que participan en situaciones de emergencia, como bomberos, policías, personal sanitario y protección civil, puedan actuar bajo los mismos criterios en todo el país al atender a personas con realidades diversas. El Real Patronato sobre Discapacidad impulsó esta medida con el apoyo del Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y entidades del ámbito de la discapacidad, incluyendo el CERMI, la Fundación ONCE, el Observatorio ZERO, así como la colaboración de las comunidades autónomas, responsables en las materias de emergencia y discapacidad.

El medio informó que el texto normativo aborda la interacción con colectivos en los que la accesibilidad y la seguridad requieren apoyos y metodologías específicas. Entre los grupos destinatarios se encuentran personas sordociegas, usuarios con dificultades de comprensión o comunicación, quienes tienen movilidad reducida, personas con problemas de salud mental y ciudadanos con trastorno del espectro del autismo (TEA), entre otros. El protocolo ofrece recomendaciones precisas que abarcan dos grandes escenarios: la comunicación y la intervención directa en una emergencia.

Respecto a la comunicación en crisis, el documento enfatiza la necesidad de adaptar mecanismos como el sistema ES-Alert para que los mensajes de alerta resulten comprensibles para cualquiera, sin importar sus capacidades. Además, estipula cómo debe actuarse durante operaciones de rescate que involucren personas con discapacidad, detallando directrices para colectivos como quienes presentan autismo, movilidad reducida o dificultades para discernir situaciones de riesgo, como sucede con las personas ciegas.

Tal como publicó la fuente, la efectividad del protocolo depende de la formación especializada de los servicios de emergencia en áreas de discapacidad y accesibilidad. La normativa establece la obligatoriedad de completar el protocolo con sistemas de capacitación específicos para garantizar que los profesionales puedan responder de manera eficaz y accesible en escenarios de crisis.

Otra característica del documento es que no será estático: la revisión será anual para evaluar su impacto y permitir la incorporación de mejoras que respondan a los cambios sociales y las necesidades detectadas en su aplicación. Las competencias para implementar y adaptar el protocolo recaen en las comunidades autónomas, que deberán coordinar sus esfuerzos para evitar disparidades territoriales y asegurar una respuesta uniforme ante cualquier emergencia que involucre a personas con discapacidad.

La fuente resaltó que la presentación de este instrumento normativo coincidió con la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia. La jornada, que tuvo lugar en el CREA de Salamanca, reunió a representantes políticos, sociales y del sector de la discapacidad para discutir la importancia de este avance en materia de protección civil y derechos humanos. La presencia de la Reina y del ministro Bustinduy subraya la relevancia institucional otorgada a la iniciativa, que aspira a servir como referente para otros países de la Unión Europea.

El protocolo establece, entonces, un compromiso renovado en España por una gestión de emergencias más inclusiva, previendo la actualización y ajuste permanente del marco de actuación según sus resultados prácticos y nuevos retos que puedan surgir.