Los talibán ejecutan en un recinto deportivo de Afganistán a un hombre condenado por asesinato

La ejecución pública de la pena capital contra un ciudadano condenado por homicidio en Afganistán tuvo lugar frente a funcionarios y allegados de la víctima, después de la confirmación de la sentencia por el máximo responsable talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada. Aunque la ONU ha reiterado su solicitud para que Afganistán imponga una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, el acto se efectuó en un estadio de la provincia de Jost, según consignó el medio Europa Press.

Según detalló Europa Press, el Tribunal Supremo afgano informó a través de un comunicado en la red social X que el ejecutado había sido declarado culpable por asesinato y que la sentencia solo se llevó a cabo tras recibir el aval oficial del líder talibán. La ceremonia judicial ocurrió bajo la supervisión de altos funcionarios provinciales y se permitió la presencia de familiares de la víctima en el acto. Las autoridades justificaron el proceso señalando que se siguieron las disposiciones legales vigentes.

Europa Press reportó que las ejecuciones públicas y otras formas de castigo corporal, como los azotes, regresaron a la escena pública tras el ascenso de los talibán en 2021. Desde que este grupo recuperó el control del país en agosto de ese año, el endurecimiento de las leyes ha llamado la atención de organismos internacionales. Los talibán han defendido estas prácticas bajo su interpretación de la ley islámica y las han descrito como métodos legítimos para impartir justicia.

Naciones Unidas, por su parte, ha realizado repetidas peticiones al gobierno de facto de Afganistán para que detenga la aplicación de la pena capital y estudie su eventual eliminación. Estas demandas forman parte de un llamado más amplio que busca frenar las medidas punitivas severas reintroducidas en el sistema judicial afgano. Sin embargo, según publicó Europa Press, los líderes talibán continúan ignorando los exhortos internacionales y mantienen su política basada en castigos públicos.

Tras la reinstauración de los talibán, los cambios en el sistema legal han incluido nuevamente procedimientos como la flagelación y la ejecución a la vista de la ciudadanía, lo que ha provocado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Europa Press indicó que, en el caso más reciente, la identidad del ejecutado fue reservada y no se proporcionaron detalles sobre las circunstancias del crimen.

La práctica de llevar a cabo ejecuciones en espacios deportivos revive episodios del pasado régimen talibán, cuando también se utilizaban lugares públicos para la imposición de sentencias judiciales ante numerosos testigos, con la intención de disuadir futuras conductas delictivas. De acuerdo con Europa Press, la administración talibán ha argumentado que la exhibición pública de estos actos responde a una supuesta función estabilizadora para la sociedad.

El endurecimiento del código penal y la reactivación de castigos físicos generaron cuestionamientos adicionales por parte de organizaciones de derechos humanos, preocupadas por la transparencia y las garantías procesales en los juicios que conducen a condenas de muerte o tortura. Europa Press recogió que varias organizaciones internacionales consideran que los procesos judiciales bajo el mandato talibán presentan deficiencias estructurales, lo que aumenta el riesgo de errores irreparables.

Después del regreso de los talibán al poder, los informes acerca de la reactivación de la pena de muerte y otras sanciones extremas han sido frecuentes, con consecuencias directas para la vida y la seguridad jurídica de la población afgana. Mientras tanto, la ONU y otros actores han reiterado la urgencia de contar con un diálogo internacional sostenido que permita revisar las prácticas legales del actual gobierno de facto, según informó Europa Press.

En este contexto, los afganos siguen expuestos a un marco normativo caracterizado por la aplicación de medidas judiciales severas que recuerdan a periodos anteriores de la historia reciente del país. Las demandas internacionales buscan una revisión de este modelo legal y garantías para el respeto de los derechos humanos, detalló Europa Press.