'Génova' asume el discurso de Pérez Llorca y dice que también Euskadi y Cataluña señalan la procedencia de delincuentes

La portavoz popular en el Congreso destacó que la Comunidad Valenciana adopta una medida ya desarrollada en otras regiones del país, defendiendo que clasificar a los arrestados por nacionalidad ayuda a mejorar el diseño de respuestas institucionales frente a la criminalidad

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La confirmación por parte de la policía catalana sobre la implementación de registros estadísticos dirigidos a incluir la nacionalidad de los detenidos ha sido uno de los ejes argumentales utilizados durante la defensa pública de la nueva medida adoptada en la Comunidad Valenciana. Según detalló Europa Press, Salvador Illa, representante del gobierno catalán, validó que los Mossos d’Esquadra darán seguimiento a esta variable en sus informes, un hecho esgrimido por la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, para justificar que la decisión del ejecutivo valenciano se inserta dentro de una tendencia extendida en otras regiones.

Durante una entrevista ofrecida a Radio Nacional, Muñoz sostuvo que tanto Euskadi como Cataluña aplican políticas de registro estadístico que contemplan la nacionalidad de las personas arrestadas. Según la información publicada por Europa Press, la portavoz remarcó que el País Vasco, bajo promoción del Partido Nacionalista Vasco, dispone de precedentes concretos en materia de recogida de datos vinculados con el origen de los detenidos. En Cataluña, la implementación inmediata de este formato se ha anunciado oficialmente y responde a la confirmación de prácticas similares en distintas comunidades autónomas.

Europa Press subrayó que la dirección del Partido Popular ha asumido institucionalmente el respaldo de la propuesta impulsada en la Comunidad Valenciana por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Ester Muñoz ha articulado esta defensa pública abogando por la necesidad de contar con información precisa sobre la nacionalidad de los detenidos como medio para optimizar el diseño de políticas públicas orientadas a combatir la criminalidad. Entre sus argumentos, Muñoz expuso que los informes estadísticos policiales y judiciales ya contienen variables reconocidas como el sexo, la edad o la procedencia provincial de los investigados, por lo cual la inclusión de la nacionalidad obedece a un criterio ya asentado en el análisis de la criminalidad.

La portavoz popular argumentó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la obtención de datos desglosados según el origen permite adecuar la respuesta institucional a realidades delictivas que pueden exhibir patrones de distribución distintos en función de las características demográficas de la población implicada. A su juicio, incorporar la nacionalidad con este mismo objetivo contribuiría a ajustar los recursos y el despliegue de programas preventivos o de control en áreas donde la incidencia de ciertos delitos así lo reclame.

En manifestaciones públicas atribuidas por Europa Press, Muñoz insistió en que “tener información no es negativo”, aludiendo a la relevancia de los datos sistematizados para mejorar la gestión ante situaciones de inseguridad ciudadana. La portavoz sostuvo que la consulta desagregada de registros constituye una herramienta rutinaria para los responsables de las fuerzas policiales, quienes emplean variables demográficas y geográficas para trazar mapas de delincuencia y planificar la respuesta territorial adecuada.

El medio Europa Press amplió la cobertura a otras áreas abordadas por Muñoz durante la entrevista, entre ellas las directrices generales del nuevo programa del ejecutivo valenciano. La dirigente del Grupo Popular insistió en la voluntad política de promover la sostenibilidad ambiental y preservar la actividad en el entorno rural valenciano, señalando la compatibilidad entre protección de recursos naturales y viabilidad de sectores como la ganadería, la pesca y la agricultura. Explicó que la revisión de determinadas restricciones en materia medioambiental figura entre los compromisos adoptados tras la investidura autonómica y que estas posiciones se alinean con las resoluciones coyunturales tanto del Partido Popular nacional como del Partido Popular Europeo.

Según Europa Press, el proceso de investidura de Pérez Llorca precisó la formalización de acuerdos programáticos con Vox, cuyo respaldo resultó decisivo. Entre los requisitos planteados por la formación de ultraderecha durante la negociación se incluyeron medidas relacionadas con la gestión migratoria y con la transición ecológica. Estas propuestas, incluidas en el programa del ejecutivo, marcaron el desenlace del contexto tras la salida de Carlos Mazón del gobierno regional.

En relación a este cambio en la presidencia de la Generalitat Valenciana, Muñoz contestó —recoge Europa Press— que el objetivo principal del Partido Popular ha sido asegurar la estabilidad política, sin vincular el relevo a valoraciones de tipo personal. Subrayó que la labor institucional se ha orientado, tanto durante la gestión de Mazón como en la actual de Pérez Llorca, a conducir una estrategia de reconstrucción regional en respuesta a los efectos de las crisis recientes.

El análisis difundido por Europa Press relató las distintas fases de esta estrategia bajo el mandato popular. La portavoz recordó que Carlos Mazón desplegó un proceso de recuperación económica y social, mientras que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, articuló un plan estratégico avalado por inversiones y fondos dirigidos a la modernización y cohesión de la Comunidad Valenciana. Los presupuestos aprobados durante la etapa anterior contemplaron medidas estructurales para la recuperación del territorio, aunque, según Muñoz, el Gobierno central no ha proporcionado la continuidad ni los recursos necesarios para mantener este modelo económico.

Muñoz aseveró —según lo recogido por Europa Press— que la línea de gobierno establecida durante el ciclo anterior constituye la base sobre la cual se fundamenta la etapa actual, con especial énfasis en la política migratoria y la continuidad de los programas de inversión pública. El denominado “plan Valencia” se perfila como el instrumento esencial para avanzar en el desarrollo económico y la recuperación del tejido social, enmarcado dentro de una respuesta de largo alcance ante los desafíos experimentados por la región.

El reportaje de Europa Press destacó que, con estas declaraciones y posicionamientos, la dirección nacional del Partido Popular reitera su respaldo al ejecutivo valenciano, no solo en la introducción de mecanismos para el registro de la nacionalidad de detenidos, sino también en la agenda general asumida en materia de desarrollo territorial y sostenibilidad rural. La insistencia en seguir modelos ya presentes en otras comunidades autónomas y la prioridad otorgada a los recursos públicos para mitigar el impacto de la crisis representan, según la cobertura de Europa Press, los ejes de la etapa vigente en la Comunidad Valenciana bajo el gobierno popular.