Al menos siete muertos en nuevos combates entre el ELN y disidencias de las FARC en el noreste de Colombia

El reciente repunte de enfrentamientos entre guerrillas en el municipio de El Tarra ha interrumpido los intentos del Gobierno colombiano por desactivar las hostilidades en la región del Catatumbo y por frenar el avance de los cultivos ilegales. Según informó Caracol Radio, al menos siete personas fallecieron como consecuencia de los nuevos choques armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en el noreste del país, intensificando el temor y desencadenando un desplazamiento masivo de la población civil. Autoridades locales y organismos humanitarios han advertido sobre la gravedad de la situación humanitaria y la urgencia de medidas de protección ante la continuidad de la violencia.

De acuerdo con lo reportado por Caracol Radio, esta reciente ola de violencia se suma a una crisis previa ocurrida hace apenas un año en la misma zona de Catatumbo, cuando más de 70.000 personas huyeron de sus hogares para escapar de la confrontación entre estos mismos grupos armados. La disputa principal gira en torno al control de los cultivos de coca, una de las principales fuentes de financiamiento para ambas organizaciones. El riesgo para quienes habitan en la región se ha multiplicado, ya que el fuego cruzado impide el desarrollo de las actividades cotidianas y dificulta la asistencia de las autoridades estatales.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro respondió a la escalada de inseguridad decretando el estado de conmoción interior, una medida excepcional que permite concentrar esfuerzos y recursos estatales para restablecer el orden y garantizar la protección de la población. Según detalló Caracol Radio, el Ejecutivo ha buscado fortalecer la presencia militar y policial en la frontera con Venezuela, además de implementar estrategias dirigidas específicamente a transformar la economía de las comunidades rurales. Estos planes incluyen incentivos a los habitantes para abandonar los cultivos de coca, recibir subsidios y recibir apoyo logístico mientras emprenden nuevas actividades agrícolas legales.

Las autoridades nacionales han fijado la meta de erradicar alrededor de 25.000 hectáreas de coca en la región, una tarea que enfrenta obstáculos relacionados con la seguridad, el arraigo cultural de estos cultivos y la presión ejercida por los diferentes grupos armados. Según las cifras presentadas en los reportes de Caracol Radio, la insistencia en el control territorial por parte del ELN y las disidencias del denominado frente 33 ha generado un contexto donde las comunidades han quedado expuestas tanto al desplazamiento como al riesgo de reclutamiento y represalias.

El inicio de los combates a mediados de enero sirvió, según consignó Caracol Radio, como detonante para la decisión del mandatario colombiano de suspender las mesas de diálogo abiertas con el ELN. Este retroceso en las negociaciones complicó aún más el escenario, al eliminar uno de los canales previstos para resolver el conflicto de manera pacífica y reabrir la posibilidad de una intensificación en los enfrentamientos.

El área de Catatumbo, ubicada junto a la frontera con Venezuela, ha sido históricamente una de las más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Su ubicación estratégica y la presencia de cultivos ilícitos han consolidado al territorio como un punto de disputa central entre los grupos armados ilegales, explicó Caracol Radio en su cobertura de la crisis actual. Las intervenciones estatales y el despliegue de recursos públicos no han logrado contener completamente la expansión de las actividades violentas, y los incidentes recientes reflejan la persistencia de un entorno de inseguridad prolongada.

La población civil de El Tarra y sus alrededores enfrenta una serie de limitaciones, desde el acceso a bienes básicos y servicios de salud hasta restricciones para educar a niños y jóvenes. Organizaciones humanitarias y organismos internacionales han reportado necesidades críticas en asistencia y han solicitado garantías adicionales para el regreso seguro de los desplazados cuando las condiciones lo permitan.

El gobierno de Gustavo Petro está evaluando la eficacia de las actuales estrategias para alcanzar una estabilización regional en Catatumbo y en otras zonas afectadas por dinámicas similares. Según lo publicado por Caracol Radio, la combinación de acciones militares, incentivos económicos y políticas de sustitución de cultivos busca no solo reducir los episodios de violencia, sino también ofrecer alternativas de vida sostenible para quienes han dependido históricamente de economías ilegales.

Responsables estatales y expertos alertan sobre el impacto a largo plazo de esta clase de crisis humanitarias, pues el desplazamiento forzado genera desarraigo, pérdida de recursos y fragmentación comunitaria. La cobertura de Caracol Radio subrayó las complejas conexiones entre el conflicto armado, los intereses en los cultivos de coca y la dura realidad que vive la población entre el miedo, la inestabilidad y la esperanza de una solución definitiva.