La abogada tunecina Sonia Dahmani sale de la cárcel tras obtener la libertad condicional

El Tribunal de Apelaciones de Túnez había rebajado a principios de año la condena de Sonia Dahmani, defensora y periodista, reduciéndola de dos años a un año y seis meses de prisión. De acuerdo con la agencia de noticias TAP, tras más de doce meses de reclusión bajo cargos por “difusión de noticias falsas”, Dahmani obtuvo la libertad condicional y fue liberada de la prisión de Manuba, donde permanecía detenida desde mayo de 2024. El caso ha generado críticas nacionales e internacionales hacia la legislación empleada por las autoridades tunecinas para juzgar a críticos del gobierno.

Según reportó el medio TAP y confirmó uno de sus abogados, Sami Ben Ghazi, la liberación de Dahmani responde a una decisión emitida por el Ministerio de Justicia. Ben Ghazi comunicó a través de Facebook que “Sonia está ya fuera de la cárcel” y expresó su agradecimiento tanto a la familia de la abogada como a los profesionales del derecho que trabajaron altruistamente en la defensa. La detención de Dahmani se produjo tras unas declaraciones realizadas en televisión, en las que afirmó que persisten conductas racistas en Túnez, lo que derivó en la acusación de difundir información falsa bajo el Decreto 54, promulgado en 2022.

El Decreto 54 se introdujo con el fin de combatir los delitos cometidos mediante sistemas de información y comunicación; no obstante, informaron organizaciones tunecinas y extranjeras, esta normativa ha sido empleada para perseguir judicialmente a disidentes y restringir la libertad de expresión en el país. La aplicación de este marco legal ha sido objeto de polémica, ya que, según Amnistía Internacional, se utiliza para encarcelar a periodistas, activistas y opositores que critican al gobierno del presidente Kais Saied.

Amnistía Internacional denunció que Sonia Dahmani fue sometida a “condiciones crueles e inhumanas” durante su permanencia en la prisión de Manuba. Según consignó este organismo, la abogada habría recibido malos tratos por parte del personal penitenciario, incluida exposición al frío extremo, limitaciones para acceder a productos de primera necesidad y carencias en la atención médica. Estas circunstancias forman parte de una serie de señalamientos sobre las condiciones de encarcelamiento en Túnez, especialmente para quienes enfrentan procedimientos judiciales motivados por su oposición al gobierno.

El arresto de Dahmani se ejecutó en el marco de una intervención de las fuerzas de seguridad en la sede del Colegio de Abogados de Túnez. De acuerdo con TAP, ese operativo tuvo lugar en mayo de 2024 y desató reacciones tanto en el ámbito judicial como en el político. La detención y posterior condena de la abogada reforzaron los cuestionamientos de diversas organizaciones de derechos humanos al Decreto 54, calificando esta legislación como un instrumento que atenta contra las garantías de libre expresión y de prensa.

Desde su llegada al poder en 2021, tras suspender y posteriormente disolver el Parlamento, el presidente Kais Saied asumió la totalidad de las competencias estatales. Según publicó TAP, esta concentración de poderes se produjo cuando el órgano legislativo, hasta entonces controlado por el partido Ennahda, fue desmantelado por decreto presidencial. Este movimiento fue catalogado por sus detractores como un autogolpe de Estado e incrementó las tensiones políticas en el país.

Las medidas impulsadas por Saied en los años posteriores incluyeron el uso reiterado del Decreto 54 para limitar las voces críticas. Según diversas fuentes recogidas por TAP, se ha registrado una oleada de arrestos de opositores, activistas y periodistas. Este contexto ha motivado la reacción de la oposición política, encabezada mayoritariamente por el Frente de Salvación Nacional (FSN), que ha denunciado una deriva autoritaria e insiste en la renuncia de Saied, citando restricciones a las libertades públicas y la represión de la disidencia.

La situación de los derechos humanos en el país también se vio impactada por las declaraciones del presidente sobre la migración irregular de ciudadanos subsaharianos. En 2024, Saied reclamó la necesidad de “poner fin” a estos flujos migratorios, argumentando que la presencia de extranjeros se vincula a hechos violentos, delitos y prácticas inaceptables. Esta postura fue duramente criticada por Naciones Unidas y gobiernos africanos, generando una ola de condenas que ampliaron la atención internacional sobre Túnez.

El caso de Sonia Dahmani se inscribe en este marco de conflictividad política y cuestionamientos legales. La utilización del Decreto 54 y las condiciones en centros penitenciarios han sido objeto de seguimientos constantes por parte de organismos como Amnistía Internacional, que han solicitado reformas para garantizar derechos fundamentales tanto a los ciudadanos tunecinos como a quienes residen en el país. El desarrollo y desenlace del proceso judicial de Dahmani continúa siendo observado por organizaciones y entidades defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos.