El PP quiere castigar con hasta 3 años de cárcel los 'deepfakes' de menores o personas con discapacidad

El Partido Popular ha propuesto en el Congreso que las plataformas digitales apliquen sistemas capaces de detectar y reportar de manera inmediata conductas sospechosas o infracciones graves, con el objetivo de aumentar la protección de menores y personas vulnerables en entornos digitales. Según la información publicada por Europa Press, la formación ha presentado una enmienda al proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad ante los riesgos en internet, que contempla, entre otras medidas, penas de hasta tres años de prisión para quienes difundan de forma no consentida y con intención de dañar la integridad moral, imágenes o audios manipulados —conocidos como ‘deepfakes’— de menores o personas con discapacidad, especialmente si el contenido tiene carácter sexual o resulta degradante.

De acuerdo con Europa Press, el Grupo Popular ha registrado un texto para crear el artículo 173 bis, en el que se endurecen las sanciones contra la manipulación deliberada de imágenes o audios que expongan de manera grave a estos colectivos. Las medidas también alcanzan la incitación al suicidio mediante tecnologías de la información, castigando este hecho con entre dos y cuatro años de prisión, además de la obligación de eliminar o bloquear los contenidos involucrados. Así lo detalla el nuevo redactado del artículo 143 bis que propone el PP, en el que se refuerza la lucha contra esta clase de delitos en el ámbito digital. Al mismo tiempo, la enmienda plantea sanciones para quienes difundan desafíos virales que impliquen un riesgo grave para la salud física o integridad de los menores o terceros, estableciendo multas de seis a doce meses de duración o penas de prisión que oscilan entre uno y tres años, tal como informó Europa Press.

En cuanto a las redes sociales, el PP ha sugerido que el Gobierno defina, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, mecanismos obligatorios que impidan el acceso a estas plataformas a los menores de 14 años mediante un sistema eficaz de verificación de edad. Los menores entre 14 y 16 años solo podrían acceder si hay un consentimiento explícito y verificable de padres, tutores o representantes legales. Además, el grupo parlamentario defiende la introducción de un “horario de descanso digital” en las redes, que las limitaría entre las 22:00 y las 08:00 horas para usuarios de hasta 16 años. Esta propuesta se alinea con la intención de reducir la exposición de los menores a contenidos dañinos o inadecuados, limitando su acceso en franjas horarias nocturnas. Europa Press ha recogido también que los populares buscan prohibir el acceso y comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas virtuales en los casos en que estas actividades estén directamente relacionadas con la infracción cometida.

Respecto a la supervisión del contenido digital, el PP aboga por que la autoridad nacional de supervisión y coordinación desarrolle un “sistema unificado de etiquetado” que incorpore descriptores y clasificación de contenidos por edades. Este proyecto, detalló Europa Press, pretende señalar de forma clara —tanto visualmente como en metadatos— los materiales pornográficos, sexuales, violentos o que inciten a la autolesión o al suicidio, adaptándose a las particularidades de los distintos servicios y medios digitales. Igualmente, el sistema incluiría la identificación visible de la publicidad difundida por plataformas online.

El Partido Popular también ha registrado una enmienda que exige a las plataformas de entornos digitales catalogados como “sensibles” que integren tecnologías para la detección temprana de comportamientos ilícitos o perjudiciales, como el acoso sexual, la manipulación emocional o la captación con fines de explotación —incluyendo el grooming—. Se prevé la instauración de canales para la denuncia inmediata de estas conductas y el uso de sistemas que faciliten la identificación y bloqueo de quienes promueven desafíos virales potencialmente peligrosos. Según Europa Press, todas estas acciones estarán bajo la supervisión de la autoridad nacional correspondiente, la cual coordinará la protección en línea de los menores.

En esta línea, el PP impulsa la creación de un régimen sancionador específico para quienes produzcan, distribuyan o fomenten la participación en retos virales que puedan dañar la salud o integridad de menores, reglamentando estas medidas desde el gobierno. Europa Press reportó que otra de las enmiendas solicita la modificación de la Ley 50/1981, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que este órgano pueda iniciar acciones civiles y administrativas contra plataformas o proveedores de servicios online que vulneren derechos fundamentales de menores por acción u omisión.

La autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de estas medidas sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que se propone dotar de competencias ampliadas como “Autoridad Nacional de Supervisión y Coordinación en materia de protección digital de los menores”, de conformidad con el Reglamento (UE) 2022/2065 sobre servicios digitales. De este modo, y según recogió Europa Press, en el plazo de seis meses se regularán las funciones específicas de este organismo para asegurar la aplicación efectiva de la ley.

El texto presentado por el PP contempla también la puesta en marcha de una Estrategia Nacional sobre protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales. Se propone que la Comisión encargada de la evaluación y seguimiento de la ley incluya representantes de los principales ámbitos políticos y técnicos del Estado, entre ellos los departamentos gubernamentales competentes, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la CNMC y la Agencia Española de Protección de Datos.

Entre las modificaciones adicionales, el Partido Popular solicita eliminar del proyecto original el artículo que definía obligaciones de los fabricantes de equipos terminales digitales con acceso a internet, así como la disposición relativa al tratamiento de datos personales de menores de edad bajo la ley. En su lugar, el grupo incluye una nueva disposición que exige crear un marco de financiación adecuado y suficiente desde la Administración General del Estado, que permita cumplir con las previsiones recogidas en la ley por parte de las administraciones educativas.

A lo largo del debate legislativo, según consignó Europa Press, estas propuestas del PP refuerzan el conjunto de protecciones legales frente a nuevas amenazas en el entorno digital, identificando la urgencia de responder tanto a la proliferación de los contenidos manipulados, como a la exposición de menores a riesgos derivados de retos virales o interacciones ilícitas en línea.