El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, sufrió una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos y enfrenta una multa económica de 94.900 soles (aproximadamente 24.300 euros), luego de que el Poder Judicial determinó su culpabilidad en delitos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Este fallo forma parte de la sentencia que dictaminó una condena total de 14 años de prisión para el exmandatario, como informó Europa Press.
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, concluyó que Vizcarra incurrió en el delito de cohecho pasivo propio, tras constatar actos ilícitos relacionados con los casos conocidos como 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. Según detalló Europa Press, en el caso 'Lomas de Ilo', la sala le impuso una pena de seis años de prisión, mientras que en el caso del 'Hospital de Moquegua', la condena asciende a ocho años. Estos delitos se remontan a los años en los que Vizcarra ejercía como máxima autoridad regional, entre 2011 y 2014.
El tribunal fundamentó su fallo en la certeza probatoria respecto a la responsabilidad penal del exgobernador, considerando que utilizó su posición para cometer hechos ilícitos. La jueza Ayasta expresó durante la lectura pública de la sentencia que "se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal" de Vizcarra "en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal", según recogió Europa Press.
Además de la pena privativa de libertad y la inhabilitación política, la multa impuesta al exmandatario añade consecuencias económicas que afectan su capacidad futura para ocupar cargos en el sector público. El medio Europa Press publicó que el monto de la sanción económica supera los 94.000 soles, reflejando la gravedad de los hechos atribuidos.
Martín Vizcarra reaccionó a través de la red social X, manifestando su rechazo al veredicto y calificándolo como un acto motivado políticamente. En palabras reproducidas por Europa Press, Vizcarra expresó: "Me han sentenciado por enfrentar el pacto mafioso. (...) Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo". El exmandatario sostiene que la condena busca evitar su proyección política y se presenta como una consecuencia de su enfrentamiento con estructuras de poder que, según él, buscan controlar el Estado.
El proceso judicial que llevó a esta sentencia surgió de investigaciones que involucraron a Vizcarra durante su paso por la gobernación de Moquegua. Las pesquisas revelaron pagos irregulares relacionados con la adjudicación de obras emblemáticas en la región, específicamente en los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', según información publicada por Europa Press.
Este caso se suma a una serie de procesos por corrupción que han involucrado a expresidentes peruanos en las últimas décadas, lo que ha marcado el escenario político y judicial del país. Las decisiones del tribunal y la posición de Vizcarra han generado debate público en Perú sobre las implicancias legales y políticas del fallo.
Europa Press detalló que la lectura de sentencia estuvo a cargo de la magistrada Ayasta, quien lideró el tribunal encargado del caso y argumentó que la severidad de la condena refleja la gravedad de los hechos y el uso indebido del poder por parte de Vizcarra mientras era funcionario regional.
El acceso a imágenes y material audiovisual relacionado con la lectura de sentencia y los pronunciamientos del exmandatario fue facilitado por Europa Press Televisión, sumando elementos audiovisuales para quienes buscan más detalles sobre el desarrollo del proceso judicial.
La defensa de Vizcarra tendrá la posibilidad de presentar recursos contra la sentencia, aunque hasta el momento el exmandatario ha hecho énfasis en el carácter político que, según su declaración, define el proceso judicial en su contra y asegura que seguirá apelando a la opinión pública y a instancias electorales para continuar su trayectoria pública.
Los acontecimientos vinculados a este proceso mantienen en alerta al panorama político de Perú, ya que se trata de un expresidente que gobernó entre 2018 y 2020 y que, tras dejar el poder ejecutivo, continuó siendo una figura influyente y objeto de investigaciones por supuestos actos de corrupción realizados durante su paso previo por la administración regional.
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