
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas en el tribunal, Chiara Ferragni aseguró que su intención no fue engañar, insistiendo en que su actuación se basó en la buena fe y subrayando que ha efectuado pagos superiores a tres millones de euros como parte del resarcimiento, además de abonar la sanción administrativa correspondiente. Este martes 25 de noviembre de 2025, la empresaria e influencer italiana compareció ante el Tribunal de Milán para hacer frente a la acusación de estafa agravada vinculada al llamado "caso Pandoro", por el que la Fiscalía solicitó una pena de un año y ocho meses de prisión, según informó la agencia noticiosa.
Tal como detalló el medio, la acusación sostiene que, durante campañas promocionales difundidas en los años 2021 y 2022, Ferragni lideró iniciativas publicitarias en las que se vinculó la venta de productos como dulces navideños y huevos de Pascua a la recaudación de fondos para el hospital Regina Margherita de Turín, señalando que la donación a la institución infantil se asociaría a la cantidad de unidades vendidas. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que el dinero transferido al hospital no guardó relación directa con el volumen de ventas alcanzado. Esto fundamenta la acusación por presunta estafa agravada en perjuicio de los consumidores, quienes pudieron verse inducidos a adquirir los productos bajo un supuesto solidario incorrecto.
La presencia de Ferragni en el tribunal estuvo acompañada por dos de sus colaboradores, quienes también figuran como implicados en el caso. Según consignó la agencia informativa, en la audiencia se expusieron detalles del procedimiento judicial, entre ellos la aplicación de un proceso abreviado que, en caso de que el fallo resulte condenatorio, posibilitaría una reducción de la pena inicial planteada por la Fiscalía.
La sesión de este martes estuvo marcada por intensa atención mediática. Distintos medios europeos, citando los registros judiciales, reportaron que la repercusión del proceso penal sobre la imagen y las actividades comerciales de Ferragni ha sido considerable, registrándose un impacto relevante tanto en su figura pública como en las operaciones de sus empresas.
Durante la diligencia, la empresaria reiteró ante el juez los esfuerzos realizados para reparar el daño. Mencionó los más de tres millones de euros ya entregados en concepto de resarcimiento y precisó el cumplimiento de la multa impuesta por las autoridades administrativas, medidas que, según explicó ante el tribunal, responden a su compromiso de colaborar con la Justicia y con las víctimas indirectas de la presunta maniobra publicitaria.
Según publicó el medio, la solicitud de la Fiscalía de un año y ocho meses de prisión refleja la gravedad con la que el Ministerio Público interpreta la naturaleza de la campaña desarrollada, así como su repercusión en la confianza del público consumidor respecto a la utilización de mensajes benéficos con fines comerciales. El tribunal, por su parte, decidió no emitir una resolución inmediata y comunicó que el proceso continuará el 19 de diciembre. En esa audiencia se prevé la intervención de la defensa de la empresaria italiana, quien tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que el tribunal emita la decisión final.
La investigación y el procedimiento han generado debates sobre la delimitación entre la promoción altruista y las estrategias comerciales que involucran causas benéficas. El caso, ampliamente difundido por la prensa italiana y europea, se ha consolidado como uno de los procesos más analizados por especialistas en derecho penal y comunicación, debido a las implicaciones en materia de publicidad y protección de los derechos de las personas consumidoras.
Fuentes judiciales, citadas por la prensa local, han señalado que la modalidad del procedimiento abreviado adoptado por el tribunal obedece a criterios de celeridad procesal y eficiencia, permitiendo al imputado obtener beneficios en cuanto a eventuales penas si se acepta el resultado. Hasta el momento, Ferragni mantiene su posición de haber actuado conforme a los parámetros de buena fe, destacando el cumplimiento de sus obligaciones legales y la disposición a reparar cualquier perjuicio ocasionado.
El desenlace final del caso se conocerá tras la próxima audiencia programada, en la que tendrán lugar los argumentos de la defensa. El impacto de este proceso supera el ámbito judicial, abarcando aspectos reputacionales, empresariales y sociales, mientras se aguarda la conclusión de un litigio seguido de cerca tanto por la opinión pública italiana como internacional, reportaron diversas agencias de noticias y medios especializados.
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