Guinea Bissau vota entre tensión política, opositores vetados y denuncias de injerencia institucional

La expulsión de periodistas internacionales en Guinea Bissau, una medida que afectó de manera directa la pluralidad informativa durante el reciente proceso electoral, se presentó como uno de los factores más controvertidos de la jornada, según publicó Radio France Internationale (RFI). Equipos de medios como RTP África, RDP África y la agencia LUSA fueron obligados a abandonar el país, lo que generó interrogantes sobre la capacidad de la sociedad guineana para acceder a información independiente, sobre todo en un contexto de elevada tensión política. Esta restricción fortaleció las dudas existentes en relación a la transparencia y equidad de los comicios presidenciales y parlamentarios, celebrados bajo estrictos dispositivos de seguridad.

RFI detalló que, por primera vez desde la independencia en 1974, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) no participó en la contienda presidencial, tras ser excluido junto a su líder Domingos Simões Pereira. Este desplazamiento obligó a la organización a redirigir su apoyo a Fernando Dias, del Partido de la Renovación Social (PRS), una decisión que alteró el tradicional equilibrio entre las fuerzas políticas e impulsó la emergencia de nuevas alianzas. La jornada electoral reunió a más de 965.000 ciudadanos llamados a votar para elegir presidente y renovar los 102 escaños legislativos de la Asamblea Nacional del Pueblo.

Según consignó el medio RFI, la votación se desarrolló en un ambiente intensamente vigilado. Las Fuerzas Armadas y la policía desplegaron operativos en los 29 distritos administrativos del país, con el objetivo de prevenir incidentes similares a los vividos recientemente, entre ellos el asalto a la sede del gobierno en diciembre de 2023, cuando agentes de la Guardia Nacional liberaron a funcionarios investigados por fraude, y el intento de golpe de Estado durante febrero de 2022 registrado en una reunión ministerial. Las autoridades nacionales estuvieron a cargo de asegurar la integridad del proceso, con la apertura de urnas a las 07:00 y su cierre a las 17:00.

Este despliegue respondió al temor de posibles episodios violentos o altercados políticos, en un país donde la relación entre civiles y militares ha sido, históricamente, un eje central y polémico para la vida pública. El vínculo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas volvió a figurar como tema recurrente en el debate público y entre sectores de la sociedad civil, que reclamaron una diferenciación clara de las funciones militares y el respeto por la autoridad civil, expresó RFI.

El mandatario en ejercicio, Umaro Sissoco Embaló, buscaba su reelección en un contexto dominado por posturas encontradas sobre la legitimidad de su gestión. En total, doce candidatos disputaron la presidencia, con figuras como Fernando Dias (PRS), José Mário Vaz (Convergencia Nacional para la Libertad y el Desarrollo, COLIDE-GB) y Baciro Djá (Frente Patriótico para la Salvación Nacional, FREPASNA). Catorce partidos compitieron por los puestos legislativos, reflejando una amplia variedad y atomización del espectro político.

RFI señaló que la contienda se caracterizó por la coexistencia de narrativas enfrentadas. Parte del electorado respaldó a Embaló por sus propuestas de expansión en infraestructuras, acceso a agua potable y medidas contra el narcotráfico y la corrupción. Por otro lado, la oposición intensificó sus críticas a raíz de la disolución parlamentaria en 2023 y las dificultades persistentes en materia de seguridad interna, además de señalar la inseguridad alimentaria y los retos de las minorías étnicas. Las disputas acerca de la influencia de los militares en el poder civil se entrelazaron con demandas ciudadanas por un proceso electoral transparente.

Según reportó RFI, el historial de Guinea Bissau incluye nueve casos documentados de rupturas en el orden constitucional, factor que acentuó la desconfianza hacia la neutralidad de las instituciones en este ciclo electoral. Por este motivo, la sociedad y observadores internacionales ejercieron una vigilancia rigurosa sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas y el desempeño de los organismos responsables del proceso.

La transparencia del proceso fue objeto de cuestionamientos antes y durante la jornada electoral. Las sospechas sobre la Comisión Nacional Electoral y el Tribunal Supremo, acusados de favorecer los intereses del oficialismo, sumaron presión para fortalecer controles y compromisos de imparcialidad, reportó RFI. Las autoridades electorales anunciaron la publicación de resultados preliminares en un plazo de 48 horas después del cierre de las urnas y plantearon la opción de una segunda vuelta si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta.

La limitación al libre flujo informativo, producto de las barreras impuestas contra medios independientes extranjeros, obstaculizó el monitoreo por parte de la sociedad civil y de observadores externos, indicó RFI. Este escenario acentuó las demandas de mayor apertura informativa y vigilancia imparcial, no solo por parte de los organizadores electorales, sino también desde sectores sociales preocupados por el acceso a noticias y análisis fuera de los canales gubernamentales.

En medio del recuento de votos, la preocupación por la gobernabilidad futura se mantuvo entre el electorado y la comunidad internacional. Tanto la reacción de los partidos políticos, como el papel desempeñado por la Comisión Nacional Electoral y la actuación de las Fuerzas Armadas, estuvieron bajo observación atenta. RFI subrayó que el reto de asegurar la estabilidad política e institucional depende en buena parte de la voluntad de los principales actores para observar y hacer respetar el marco democrático, en un entorno señalado por la alta polarización social y el escepticismo ante la actuación de las instituciones.

El proceso electoral en Guinea Bissau, tal como relató RFI, reflejó una combinación de desafíos estructurales y coyunturales: altos niveles de fragmentación política, intervención militar en asuntos civiles, menores garantías para la libertad de prensa y una vigilancia minuciosa de la legalidad del escrutinio. Así, el desarrollo de las elecciones constituyó un punto crítico en la evolución del sistema político guineano, en medio de la incertidumbre sobre el futuro inmediato tanto en el plano interno como en el de las relaciones internacionales.