La Justicia argentina confirma el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por corrupción

Un mensaje enviado por Alberto Fernández, contestando a la inquietud de su secretaria privada María Cantero sobre la posible pérdida de un contrato en el Ministerio de Exteriores con la frase “ya me ocupo”, fue calificado como un factor clave por la Justicia argentina para ratificar el procesamiento del expresidente en el marco de una causa por presuntas irregularidades en contrataciones estatales de seguros. Según consignó La Nación, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó este martes el auto de procesamiento contra Fernández, sumando un embargo de más de 14.600 millones de pesos argentinos —equivalentes a aproximadamente 9 millones de euros— y la prohibición de abandonar el país salvo autorización judicial, mientras se profundizan las pesquisas sobre la adjudicación bajo sospecha de contratos públicos.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, la decisión de la Cámara Federal porteña sostiene que existieron negociaciones incompatibles con la función pública, con “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” para favorecer a la pareja de Cantero, Héctor Martínez Sosa. Durante el mandato presidencial de Fernández, Martínez Sosa resultó beneficiado con contratos estatales a partir de su papel como corredor de seguros. Según señalaron los magistrados federales citados por el medio, la estrecha vinculación personal y profesional entre el expresidente y los implicados posibilitó que empresas ligadas a allegados y colaboradores accedieran a un volumen destacado de contratos de intermediación de seguros para dependencias estatales.

La Nación detalló que el embargo dispuesto por la Cámara Federal afecta el patrimonio tanto de Fernández como de los otros imputados en el expediente. Además del expresidente, la resolución involucra directamente a María Cantero, quien enfrenta cargos anexos por presunto incumplimiento de los deberes como funcionaria pública, y a Martínez Sosa, ambos confirmados en su procesamiento durante esta instancia. El entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, también figura entre los señalados por las maniobras investigadas.

El procesamiento implica la posibilidad de que Fernández sea condenado a una pena de uno a seis años de prisión, así como a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según especifica el fallo judicial reportado por La Nación. La acusación central se apoya en la hipótesis de que el exmandatario actuó para beneficiar a Martínez Sosa, quien previamente había sido su cliente central entre 2010 y 2019, cuando Fernández ejercía como abogado y lobista.

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que la correduría del esposo de Cantero logró captar, entre 2020 y 2023, cerca del 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios, por una suma que supera los 2.250 millones de pesos argentinos, una cifra superior a 1 millón de euros según valores actuales y que, según la reconstrucción de pagos citada por La Nación, pudo alcanzar 19 millones de euros en 2023 bajo el impacto de la inflación.

El medio La Nación precisó que el caso se inició en junio pasado, a raíz de una decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien consideró demostrado el rol de Fernández en el direccionamiento de contratos de seguros estatales a favor del entorno íntimo de su administración. Casanello verificó que esa maniobra resultó en un crecimiento destacado del flujo de contratos estatales asignados a la empresa de Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández.

El seguimiento realizado por La Nación añade que la investigación expone un mecanismo de adjudicación de pólizas de seguros dentro de organismos públicos, en el que la connivencia entre cuadros estatales y actores privados permitía obtener comisiones millonarias mediante la asignación selectiva de contratos públicos. Esa operatoria, de acuerdo con lo resuelto por la Cámara Federal, configuró un dispositivo de favores personales con impacto sobre los recursos estatales administrados entre 2020 y 2023.

En este contexto, la Cámara Federal emitió su fallo tras analizar la solicitud presentada en septiembre por la Fiscalía, que pretendía revertir el procesamiento sosteniendo que las evidencias y testimonios recabados resultaban insuficientes. Entre los argumentos del Ministerio Público, citados por La Nación, figuraba la falta de declaración por parte de Santiago Cafiero, exministro de Exteriores en el gabinete de Fernández, cuya comparecencia es considerada relevante para esclarecer los vínculos y las responsabilidades en la adjudicación de los contratos investigados.

A medida que el expediente avanza, la restricción para salir de Argentina dictada para Fernández se mantiene vigente, junto con el embargo patrimonial sobre los imputados. El proceso penal continúa abierto, a la espera de nuevas instancias judiciales y de la incorporación de testimonios pendientes, como el de Cafiero, señalado por la Fiscalía como uno de los elementos cruciales para profundizar el esclarecimiento de los hechos bajo examen, según reportó La Nación.