El fallo del Tribunal Constitucional de Bulgaria subraya que la presidenta del Parlamento no tenía competencia para determinar la admisibilidad o no de la propuesta de referéndum sobre la moneda nacional. Según informó el medio proporcionado, la corte especificó que corresponde únicamente a la Asamblea Nacional analizar y decidir sobre los requisitos legales para convocar una consulta popular.
El medio detalla que este pronunciamiento judicial responde a un recurso presentado por el presidente Rumen Radev, quien había solicitado que se celebrara un referéndum acerca de la permanencia del lev como moneda de Bulgaria en lugar de avanzar hacia la adopción del euro. La iniciativa del presidente, marcada por su inclinación prorrusa, buscaba consultar a la población argumentando la inexistencia de un acuerdo amplio dentro de la sociedad sobre la conveniencia de unirse a la eurozona.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Natalia Kiselova, rechazó la propuesta de referéndum impulsada por Radev y justificó su decisión alegando que la consulta resultaba inadmisible por incompatibilidad con la Constitución de Bulgaria. Ante esta negativa, el presidente Radev elevó el caso ante el Tribunal Constitucional y denunció que tanto la Asamblea como su presidenta habían incurrido en una "violación sin precedentes de la ley", según publicó la fuente consultada.
De acuerdo con la información divulgada, el Constitucional precisó en su fallo que "la presidenta de la Asamblea Nacional no tiene la facultad de evaluar los requisitos establecidos por ley para la celebración de un referéndum ni de rechazar una propuesta presentada por un órgano autorizado por la ley". Además, resaltó que dicha atribución corresponde en exclusiva al pleno parlamentario, lo que deja sin efecto la decisión personal de Kiselova de impedir la consulta.
La decisión del tribunal se da en un contexto en el que la Unión Europea ya ha confirmado la disposición de Bulgaria para sumarse a la zona euro. El medio reportó que, en julio pasado, los ministros de Economía y Finanzas de la UE otorgaron su aprobación definitiva para que Bulgaria, miembro del bloque comunitario desde 2007, adopte oficialmente el euro a partir del 1 de enero de 2026. Este visto bueno se produjo tras la evaluación positiva de la Comisión Europea, la cual concluyó que el país cumplía las condiciones necesarias para integrarse plenamente en la moneda común.
El debate sobre la adopción del euro en Bulgaria ha generado divisiones políticas y sociales. Por un lado, quienes respaldan la transición argumentan los beneficios de pertenecer a la eurozona y la consolidación del país dentro del marco económico europeo. Por otro, diversas voces, incluyendo la del presidente Radev, insisten en la necesidad de mayor consenso y participación pública en una decisión de este alcance, proponiendo una consulta popular como alternativa.
La resolución difundida por el Tribunal Constitucional implementa un precedente respecto al alcance de las funciones de los líderes parlamentarios en Bulgaria y los procedimientos para canalizar demandas sociales sobre asuntos de trascendencia nacional. Conforme a lo dictado por la corte y recogido en el informe del medio, cualquier decisión sobre propuestas de referéndum corresponde a la Asamblea Nacional en pleno y no a una decisión individual de su presidente.
El proceso hacia la adopción del euro por parte de Bulgaria sigue abierto a controversias políticas y a manifestaciones de sectores de la población que solicitan mayor involucramiento en las decisiones estratégicas del país. Según mencionó el medio, todo avance en esa dirección debe acatar las resoluciones de los órganos institucionales facultados y respetar las garantías que ofrece el marco legal búlgaro.
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