ONG tuareg denuncian 13 civiles muertos, siete de ellos niños, en ataques del Ejército en Tombuctú

Las operaciones militares en la región de Tombuctú tuvieron lugar al mismo tiempo que la celebración del segundo aniversario de la toma de Kidal por parte de la junta liderada por Assimi Goita, un periodo considerado significativo en el contexto del conflicto armado en el noroeste de Malí. De acuerdo con información publicada por Radio France Internationale (RFI), y confirmada por diversas organizaciones y fuentes locales, ataques aéreos ejecutados por drones del Ejército maliense provocaron la muerte de trece civiles, entre los que se encuentran siete menores de edad y varias mujeres.

El Colectivo para la Defensa de los Derechos del Pueblo de Azawad (CD-DPA), citado tanto por RFI como por otros medios, detalló que el primer bombardeo se registró el jueves por la noche en la comuna de Tin-Aïcha, en la región de Tombuctú. Testimonios recopilados por RFI indicaron que el ataque con drones alcanzó el domicilio de un transportista de 41 años, su esposa y sus cinco hijos, de edades comprendidas entre siete y quince años, quienes fallecieron en el acto. Según denunció la ONG tuareg, este hecho devastó por completo a la familia, generando indignación y temor dentro de la comunidad local.

Un segundo incidente se produjo la noche del viernes 14 de noviembre en la localidad de Albouhera, cercana a Gargando, también en Tombuctú. En este ataque, el objetivo fue un campamento nómada. Diversas fuentes citadas por RFI y por el CD-DPA indicaron que cuatro mujeres y dos bebés perdieron la vida, mientras otras tres personas resultaron heridas. Las organizaciones tuareg insisten en que ambas acciones militares tuvieron como blanco a población civil ajena a los enfrentamientos directos contra grupos armados yihadistas.

Estos episodios de violencia se desarrollaron en el marco de intensas operaciones militares dirigidas oficialmente contra posiciones de grupos yihadistas en el área. RFI reportó que estos bombardeos se vinculan a la actual estrategia de la junta militar instalada en Malí, que desde el golpe encabezado por Assimi Goita mantiene una política de fuerza con respaldo del denominado Africa Corps, surgido de la transformación del antiguo Grupo Wagner ruso. Los grupos tuareg, por su parte, han acusado al Ejército maliense de cometer ejecuciones masivas contra la población local, focalizando sus demandas en la necesidad de justicia y rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales y los actores internacionales involucrados.

Tras la sucesión de denuncias, el Ejército de Malí optó por guardar silencio ante los señalamientos, aunque en ocasiones anteriores negó de forma general cualquier responsabilidad en ataques contra civiles en la región. La versión oficial sostiene que los operativos se dirigen exclusivamente contra grupos armados que representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, según consignó RFI, el malestar comunitario ha ido en aumento, ya que las víctimas de los dos bombardeos recientes son personas ajenas a la dinámica beligerante, lo que para los tuareg representa una muestra de la falta de distinción entre combatientes y civiles en la aplicación de la fuerza.

En este contexto, la llegada de la junta militar en Bamako supuso el fin de las expectativas de diálogo con las agrupaciones tuareg, que desde hace años impulsan las aspiraciones de autodeterminación de la región de Azawad. RFI destacó que la desintegración de los canales de negociación incrementó la tensión en la zona y facilitó la intensificación de operativos bélicos por parte de las fuerzas gubernamentales.

El Colectivo para la Defensa de los Derechos del Pueblo de Azawad reiteró la exigencia de justicia para las víctimas y el cese inmediato de los ataques contra agrupaciones civiles nómadas y sedentarias. Voces internas del movimiento solicitaron la intervención de organismos internacionales para documentar y sancionar estos hechos, mientras expresaron su preocupación respecto al impacto psicológico y social que tienen los bombardeos en comunidades dedicadas mayormente al pastoreo y el comercio rural, según el relato de RFI.

RFI reportó que la región de Tombuctú ha experimentado anteriormente acciones militares de gran envergadura, especialmente tras la recuperación de Kidal por las fuerzas del gobierno. No obstante, los ataques recientes han generado especial alarma por la cifra de víctimas infantiles y por el hecho de producirse en comunidades alejadas de los focos tradicionales del conflicto armado.

Organizaciones humanitarias, tanto internacionales como locales, mantienen su seguimiento sobre estos acontecimientos y monitorean las denuncias de vulneración de derechos humanos. Mientras tanto, el Ejército de Malí continúa sus operativos, justificándolos por la presencia de grupos yihadistas en la región, aunque, de acuerdo con lo documentado por RFI y las agrupaciones tuareg, la intensidad y dirección de algunos ataques han puesto en evidencia la precariedad de los mecanismos de protección civil.

Hasta el momento, el gobierno maliense no ha emitido declaraciones oficiales acerca de los fallecimientos reportados, ni ha especificado si se llevará a cabo algún tipo de investigación interna en relación con los hechos expuestos. La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades ha encendido las alertas entre las comunidades afectadas, que insisten en la necesidad de garantías para el respeto de los derechos humanos durante cualquier operación militar.

El contexto en Tombuctú, descrito por RFI, refleja un panorama de conflictividad generalizada y de creciente desconfianza de una parte de la población hacia las instituciones estatales y sus aliados internacionales. Las ONG tuareg y diversos líderes sociales sostienen que el abordaje de la crisis requiere canales de diálogo y medidas de estabilización, mientras reclaman transparencia y justicia por las muertes de civiles, especialmente las de menores y mujeres en las localidades de Tin-Aïcha y Albouhera.