Japón abre la puerta a una polémica reforma constitucional que pone en tela de juicio su era pacifista

La propuesta gubernamental japonesa de introducir una "cláusula de emergencia" destinada a responder a desastres o posibles ataques armados ha sido uno de los puntos tratados durante las conversaciones entre las principales fuerzas políticas en la Dieta, en el contexto de la reciente llegada al poder de la primera ministra Sanae Takaichi. La medida, que se discute en un escenario caracterizado por tensiones regionales y una marcada polarización social, reabre el debate sobre la posible modificación del artículo 9 de la Constitución del país, una de las bases del periodo pacifista que definió a Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

Según consignó el medio, Takaichi ha retomado las iniciativas impulsadas por figuras conservadoras anteriores, entre ellas el fallecido Shinzo Abe, para adaptar el marco legal japonés a los crecientes desafíos en política internacional y reforzar la capacidad de defensa nacional. De acuerdo con la información publicada, la mandataria ha comenzado negociaciones con el Partido de la Innovación de Japón (JIP), su principal socio de Gobierno, con el objetivo de avanzar hacia una reforma que permitiría al país modificar las restricciones impuestas a su Ejército.

La actual Constitución japonesa, vigente desde 1947 y redactada por un comité estadounidense durante la ocupación posterior al conflicto mundial, nunca ha sido modificada. El texto limita profundamente el papel de las fuerzas armadas —llamadas Fuerzas de Autodefensa— y establece la renuncia permanente a la guerra como mecanismo de acción estatal. Según publicó el medio, el Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por Takaichi, reafirmó durante la campaña electoral su intención de modificar la Carta Magna, argumentando que “los desafíos en política exterior” requieren una revisión de las limitaciones impuestas hace casi ochenta años.

El artículo 9, según describió la fuente, prohíbe de forma explícita la posesión de fuerzas militares o capacidad de guerra, una disposición que el sector conservador del Parlamento considera una imposición de la posguerra. Algunos legisladores del PLD han insistido en la necesidad de “aclarar el estatus legal de las fuerzas japonesas” y superar la interpretación que señala la existencia actual del Ejército como inconstitucional. El texto constitucional, aprobado por la Dieta el 7 de octubre de 1946, incorporó además la rendición de cuentas del emperador ante la ciudadanía y consagró el pacifismo como principio rector, al tiempo que eliminó privilegios históricos de la nobleza.

A lo largo de las últimas décadas, varios intentos de reforma han fracasado, tanto por la falta de respaldo político como por el rechazo social. Según detalló el medio, la iniciativa que lideró Shinzo Abe en 2014 propuso el ejercicio del derecho de autodefensa colectiva en supuestos de amenaza existencial al país, lo que habría permitido la participación de tropas japonesas en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz bajo bandera de Naciones Unidas. No obstante, la medida no consiguió el apoyo necesario en el Parlamento ni en la sociedad japonesa, donde más del 60 por ciento de la población manifestó su rechazo.

El panorama parlamentario actual tampoco garantiza la viabilidad inmediata de la enmienda. El medio reportó que el PLD y sus aliados disponen de la mayoría necesaria en la Cámara Alta para aprobar el cambio constitucional, aunque en la Cámara Baja no superan el umbral de los dos tercios requerido. La ley japonesa exige, además, que cualquier reforma sea aprobada primero por ambas cámaras y luego sometida a referéndum nacional, donde la mayoría debe ratificar el texto propuesto.

El debate sobre el cambio constitucional adquiere particular relevancia en el marco de las tensiones crecientes con China y Corea del Norte. Según señala la información publicada, Takaichi ha planteado la posibilidad de adoptar medidas de represalia en caso de una acción militar china significativa en torno a Taiwán, al considerar que dicho escenario comprometería el equilibrio y la seguridad en toda la región. Esta postura ha generado una fuerte reacción del Gobierno chino, cuyos portavoces han calificado la posible reforma como “una provocación”, amenazando incluso con “cortarle el cuello” a la primera ministra japonesa. Las autoridades de Pekín han agregado que una escalada militar solo supondría "una nueva derrota" para Japón, país al que han instado a “aprender la lección histórica” de su pasado.

A nivel interno, la propuesta de revisión del artículo 9 constituye un punto de fricción constante en la sociedad japonesa. Según reportó el medio, la población se muestra dividida, con sectores que temen un giro hacia el belicismo frente a quienes consideran necesario adecuar la legislación a los desafíos actuales en materia de seguridad regional. La presión internacional, en particular de Estados Unidos y otros aliados, también condiciona el debate y ejerce influencia a la hora de definir la estrategia de defensa japonesa.

La compleja arquitectura institucional para enmendar la Constitución, sumada al contexto geopolítico y las dinámicas sociales internas, refleja los múltiples desafíos que enfrenta el Gobierno de Takaichi en su empeño por reformar el marco legal que ha definido la política exterior y de defensa de Japón desde hace más de siete décadas.