El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha rechazado por el momento la petición del Gobierno de Brasilia para someter al expresidente Jair Bolsonaro a una evaluación médica antes de decidir si es enviado a una prisión de la capital para cumplir su condena de 27 años por golpe de Estado en 2022.
El juez ha considerado que la demanda de Brasilia --que consistía en verificar la "compatibilidad" del estado de salud de Bolsonaro con el de las cárceles de la capital-- no procede en este momento y ha retirado la solicitud de los archivos del proceso, que se encuentra todavía en fase de presentar alegaciones.
La razón está en que no se determinará en qué lugar ha de cumplir su pena el expresidente hasta que no se hayan agotado previamente rodas las posibilidades de apelación de la defensa.
A partir de este viernes, el Supremo analizará los recursos de las defensas de Bolsonaro y otros seis condenados por liderar la trama golpista. Este primer proceso se basa en posibles contradicciones y dudas que puedan surgir de sus sentencias, si bien la tendencia es que sean rechazados.
Aún así cabe una apelación más, aunque el alto tribunal estima en que los acusados comiencen a cumplir sus sentencias a finales de este año.
Las autoridades de la capital, aliadas de Bolsonaro, solicitaron el miércoles a través de sus instituciones penitenciarias que se sometiera al expresidente a una evaluación de su estado de salud debido a las "conocidas" intervenciones quirúrgicas que le han mantenido ingresado durante algún tiempo.
Bolsonaro se encuentra en estos momentos bajo arresto domiciliario, mientras avanza otra causa contra él por su supuesta implicación en una trama urdida junto a su hijo, Eduardo, para hacer proselitismo en Estados Unidos en contra del actual Gobierno de Lula da Silva y a favor de su liberación mediante sanciones.
El lugar donde ha de cumplir condena es todavía una incógnita, pero se especula con que podría ser en la prisión de máxima seguridad de Papuda, que cuenta con un ala especial para albergar a presos considerados vulnerables, como políticos, policías y otros funcionarios, o ancianos.
La otra alternativa es una celda especial habilitada en la sede principal de la Policía Federal en Brasilia, un tratamiento similar al que se dio al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando estuvo preso durante 580 días en las instalaciones de esta misma institución en Curitiba. No se descarta tampoco arresto domiciliario.
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