La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum de dos meses a España para trasponer correctamente la Directiva europea para combatir el abuso sexual y la pornografía infantil antes de tomar posibles medidas como llevarle ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Las normas europeas tipifican como delito el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil y el material de abuso sexual infantil en toda Europa. La Directiva incluye normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones, e introduce disposiciones para reforzar la prevención de esos delitos y la protección de las víctimas.
Igualmente, el Ejecutivo europeo exige a los Estados miembros que garanticen programas o medidas de intervención eficaces para los delincuentes.
Después de constatar la falta de una transposición correcta de todas estas normas, Bruselas ha enviado un dictamen motivado a España, junto a Irlanda y Bulgaria, que ahora disponen de dos meses para responder a las dudas de la Comisión Europea y adoptar las medidas necesarias. Pasado estos plazos, Bruselas se reserva la opción de remitir los casos al TJUE.
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