La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este jueves a las autoridades del estado brasileño de Río de Janeiro de "socavar la seguridad pública" al aprobar la entrega de recompensas a aquellos agentes de la Policía que "neutralicen" a presuntos "criminales" en el marco de sus operaciones.
La organización, que ha criticado duramente la decisión del Parlamento local de aprobar esta medida, ha instado en un comunicado al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, a "evitar esta disposición", ya sea parcial o totalmente.
"Dar estas bonificaciones a los agentes por matar a criminales socava la seguridad pública al crear incentivos financieros para aquellos policías que disparen, en vez de arrestar, a los sospechosos", ha advertido César Muñoz, director de HRW en Brasil.
"Esta estrategia pone en peligro la vida y la integridad de los sospechosos, de los transeúntes y de los agentes de Policía en sí mismo mientras realizan operaciones para desmantelar organizaciones criminales", ha dicho.
En este sentido, ha recordado que a lo largo de 2024 se contabilizaron 703 muertes a manos de la Policía Militar del estado, lo que supone una media de dos por día. Entre los meses de enero y agosto de este año, la cifra ronda los 470. De los fallecidos en 2024, el 86 por ciento eran afroamericanos a pesar de que solo suponen un 58 por ciento de la población de Río de Janeiro.
"En caso de que esta medida sea ratificada, afectará especialmente a las familias de ascendencia afroamericana y aumentar el impacto ya de por sí desproporcionado sobre estas poblaciones", recoge el texto.
Algunos fiscales a nivel federal han pedido también al gobernador vetar esta medida por considerar que "viola la legislación internacional y la nacional", especialmente después de que el Tribunal Supremo del país ordenara en abril a las autoridades estatales poner en marcha medidas para reducir las muertes a manos de la Policía.
Muñoz ha incidido en que es necesario "contar con servicios forenses de alta calidad e independientes para que los responsables de este tipo de crímenes sean llevados ante la Justicia". "Castro debe vetar esta ley para introducir en su lugar una que garantice la independencia de este trabajo de las acciones policiales", ha zanjado.
Se trata de la segunda vez que las autoridades fluminenses aprueban una medida de estas características, después de que estuviera vigente entre 1995 y 1998. Durante ese periodo, las muertes en operativos policiales pasaron de dos a cuatro muertos diarios.
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