Sepes recibió más de 1.500 millones para financiar actuaciones de vivienda a cierre de 2024

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) recibió más de 1.500 millones de euros a 31 de diciembre por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar actuaciones residenciales con una previsión de 16.800 viviendas.

Así se extrae del Informe de fiscalización de la actividad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la ejecución de vivienda pública durante el periodo 2018-2023 aprobado por el Tribunal de Cuentas.

El trabajo se ha centrado en las actuaciones residenciales vinculadas al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (PVAA), en el análisis de los convenios y contratos formalizados en ejecución de este, así como en la gestión de su patrimonio inmobiliario, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y valorar la eficacia en la puesta a disposición de vivienda protegida.

Entre sus principales conclusiones, el informe pone de manifiesto en las actuaciones en fase de desarrollo urbanístico "la existencia de plazos de ejecución muy dilatados que distancian más allá de lo razonable el momento de aparición de las necesidades de vivienda y su satisfacción".

Según el informe, tanto el reparto competencial entre las diferentes administraciones territoriales como las exigencia legales aplicables a la tramitación de dichas actuaciones figurarían entre las causas de tales demoras, comprometiéndose con ello la eficacia de los resultados pretendidos.

Además, esta situación ha dado lugar a que se produzca un incremento global de los costes de las actuaciones. Así, los costes estimados a finales de 2024 son un 18% superiores a los previstos dos años antes, a finales de 2022.

En la fase de comercialización, se constata que promociones iniciadas hace más de una década no habían completado su venta al cierre de la fiscalización, lo que genera gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles pendientes.

El Tribunal de Cuentas observa que Sepes ha cumplido en general los requisitos legales en convenios, contratos y gestión patrimonial, sin perjuicio de haberse identificado deficiencias tales como la falta de reuniones de las comisiones de seguimiento previstas, la no adaptación de convenios antiguos a la Ley 40/2015, y la existencia de parcelas sin destino definido.

El Informe pone asimismo de manifiesto la insuficiente dotación de Sepes en lo que respecta a recursos en tecnologías de la información.

Por ello, el Tribunal de Cuentas ha recomendado reforzar la planificación de las operaciones urbanísticas con estudios de demanda y plazos realistas, intensificar la coordinación con las administraciones implicadas y diseñar un plan que permita dar salida en un tiempo razonable al 'stock' de inmuebles sin vender, garantizando que las viviendas públicas lleguen en condiciones adecuadas a los ciudadanos que las necesitan.