La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años de edad, vecino de Arcade (en el municipio pontevedrés de Soutomaior), e investiga a otros dos varones, de 41 y 44 años de edad, por los altercados ocurridos durante el paso de La Vuelta ciclista a España por la localidad pontevedresa de Mos.
Fue el pasado 9 de septiembre cuando la decimosexta etapa de La Vuelta, que discurría entre Poio y Mos, tuvo que finalizar 8 kilómetros antes de la línea de meta prevista debido a las protestas a favor del pueblo palestino.
En su día, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional trataron de contener a los manifestantes, que cortaron la carretera por donde tenían que pasar los ciclistas. Finalmente, la organización decidió finalizar la carrera varios kilómetros antes del punto donde se encontraban las protestas.
Aquella jornada, varias personas fueron identificadas, sin que se produjese ninguna detención. Sin embargo, este martes la Guardia Civil ha arrestado a ese vecino de Arcade que, al igual que las personas investigadas, tiene antecedentes policiales por delitos de desórdenes y atentado a agentes de la autoridad.
Por otra parte, se han tramitado 24 denuncias administrativas por infracciones graves a la Ley del Deporte, unas infracciones que pueden acarrear sanciones de entre 60.001 y 650.000 euros.
Últimas Noticias
Extinto el incendio declarado en el petrolero kuwaití atacado en aguas de Dubái
Las autoridades locales confirman que el siniestro ha sido sofocado tras el impacto reportado contra el superpetrolero, mientras equipos especializados realizan una evaluación de los daños materiales y advierten del riesgo de derrame en la zona afectada
La china Cosco consigue que dos cargueros crucen el estrecho de Ormuz, según MarineTraffic
Indonesia confirma la muerte de tres de sus cascos azules en Líbano y llama a la paz
El Simposio Global de Maestría en Estética Singclean hace su debut histórico en Mónaco
Hamás y Yihad Islámica de Palestina rechazan la ley israelí de pena de muerte para palestinos
Las organizaciones cuestionan con firmeza la nueva norma del Parlamento israelí, advirtiendo una escalada de violencia y pidiendo acción internacional urgente para frenar medidas que, según denuncian, representan amenazas graves contra la población detenida y los derechos humanos
