
El debate en torno a la ley de amnistía en Brasil ha generado opiniones encontradas dentro del propio Parlamento. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, enfatizó la intención de construir una medida que, según sus palabras, “busca la pacificación nacional, el respeto a las instituciones, el compromiso con la legalidad y que también considera las condiciones humanitarias de las personas involucradas en este asunto”. Este punto de vista surge en medio de los argumentos esgrimidos por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado, quienes solicitaron la prisión domiciliaria bajo razones humanitarias. En este contexto, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la solicitud para dar trámite de urgencia a la ley que podría conceder amnistía a quienes participaron en actos violentos y protestas desde el 30 de octubre de 2022, fecha de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la Agência Câmara de Notícias.
La decisión de la cámara baja obtuvo 311 votos a favor, 163 en contra y 7 abstenciones, lo que permitirá que el proyecto se debata directamente en el plenario, omitiendo el análisis por las comisiones tradicionales, reportó la Agência Câmara de Notícias. Este avance en la tramitación implica que la discusión quedará en manos directas del pleno, mientras que el proyecto aún no tiene un texto definitivo ni una fecha de votación establecida. El mismo órgano informativo detalló que este jueves se nombrará a un responsable encargado de presentar una versión respaldada por la mayoría de los diputados, en un panorama marcado por diversos intereses y puntos de vista en torno a los acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando instalaciones oficiales como el Palacio del Planalto fueron blanco de ataques durante el intento de golpe de Estado.
De acuerdo con la Agência Câmara de Notícias, la iniciativa contempla a todos los participantes en protestas y acciones violentas en oposición al resultado electoral que otorgó la presidencia a Lula da Silva, incluyendo a Jair Bolsonaro y a otros condenados por el intento de derrocamiento. Si se aprueba, la ley ampararía las conductas desde el día siguiente a las elecciones presidenciales hasta la fecha de vigencia de la norma.
El trámite acelerado de la propuesta ha reavivado las tensiones políticas entre oficialismo y oposición. Desde el Partido Liberal, agrupación de Bolsonaro, el diputado Gustavo Gayer manifestó su satisfacción por el avance la iniciativa y expresó que este momento podría convertirse en un punto de inflexión para el país. En palabras reproducidas por la Agência Câmara de Notícias, el parlamentario sostuvo: “Tras dos años de mucha lucha y sufrimiento, finalmente hemos llegado a un momento que podría marcar la historia del país”.
En contraste, sectores vinculados al Partido de los Trabajadores, que responde a Lula da Silva, enfatizaron su total rechazo a la amnistía. El diputado Lindbergh Farias denunció que quienes respaldan esta medida actúan como “cómplices de un golpe de Estado continuo” que, según describió, ha ido fortaleciéndose. Farias calificó la jornada como “un día de vergüenza para el Parlamento”, en referencia a lo que considera una renuncia a responsabilidades democráticas, recogió la Agência Câmara de Notícias.
Otra figura relevante en la oposición al proyecto, Henrique Vieira, diputado del Partido Socialismo y Libertad e integrante de la coalición de Gobierno, coincidió con las críticas al señalar que la amnistía propuesta resultaría inadmisible por extenderse al expresidente Bolsonaro y a otros siete altos funcionarios de su administración. Vieira argumentó: “No hay pacificación con impunidad ni amnistía para los golpistas”, en declaraciones reproducidas por el servicio informativo parlamentario.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, quien proviene del partido Republicanos —fuerza que apoyó la reelección de Bolsonaro en 2022—, insistió en que la medida “no se trata de borrar el pasado, sino de permitir que el presente se reconcilie y el futuro se construya sobre la base del diálogo y el respeto”. Bajo su liderazgo, la cámara se prepara para definir en las horas siguientes tanto el tenor específico del texto legislativo como los pasos formales que seguirá la propuesta.
Según detalló la Agência Câmara de Notícias, la coyuntura posterior a las elecciones de 2022 en Brasil ha estado marcada por episodios de protesta que derivaron en graves disturbios y atentados contra edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023, lo que detonó una ofensiva judicial y diversas condenas por delitos relacionados con el intento de subvertir el orden político. La propuesta de amnistía busca abarcar hechos ocurridos en ese periodo e impactaría tanto a líderes como a manifestantes involucrados.
El trámite abre una nueva etapa de debate intenso dentro del Congreso brasileño, cuyo desenlace podría redefinir el tratamiento legal que recibirán decenas de personas condenadas por los sucesos posteriores a la contienda presidencial. El tratamiento directo en el pleno, sin análisis previo de comisiones, representa un recurso parlamentario excepcional que agudiza la disputa pública sobre el alcance y la motivación de la ley, según consignó la Agência Câmara de Notícias.
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