El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, han acordado impulsar la proposición de ley que se tramita en el Congreso para establecer un embargo de armas a Israel y esperan aprobarla en el mes de septiembre.
Según indican fuentes de Moncloa y de la Vicepresidencia Segunda, Sánchez y Díaz han acordado dar un impulso a esta iniciativa, que lleva la firma de Sumar, Podemos y BNG, con intención de que salga adelante después del parón veraniego.
Esta iniciativa fue admitida a trámite por el Pleno el pasado 20 de mayo y se encuentra en periodo de enmiendas. Aunque se tramita por el procedimiento de urgencia, al finalizar en junio el periodo ordinario de sesiones, el plazo para presentar enmiendas se amplío hasta principios de septiembre.
Ahora las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición han adoptado el compromiso de reactivar su tramitación con la vista puesta en que pueda estar aprobada en el Congreso en septiembre. Después deberá continuar su tramitación en el Senado.
PODEMOS PEDÍA MÁS RAPIDEZ
Podemos y también algunos integrantes de Sumar, como los Comunes, habían urgido al Gobierno a aprobar este embargo mediante la aprobación de un decreto-ley que entraría en vigor de forma inmediata, aunque después tuviera que ser convalidado por el Congreso. Sin embargo, Sánchez y Díaz han rechazado esta vía y han optado por comprometerse a impulsar la aprobación de la proposición de ley a la vuelta del verano.
Esta reforma de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, abre la puerta a prohibir cualquier recurso que sirva para fortalecer al Ejército hebreo, incluso si se trata material antidisturbios o combustible de ámbito militar.
INSPECCIONAR LA CARGA DE BARCOS Y AVIONES
Además, incorpora un protocolo específico para que el Gobierno despliegue la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por España con destino a Israel y habilite la incautación de material militar que pudieran portar.
La propuesta legislativa estipula que las autorizaciones de operaciones de compraventa de material militar y policial quedarán revocadas en el momento de la declaración del embargo, así como la prohibición de nuevas autorizaciones. Tampoco operarán las exenciones de autorización previstas en la norma vigente.
La iniciativa fue tomada en consideración con el apoyo del PSOE y sus socios habituales, pero el PSOE ha puesto pegas a algunos de sus puntos como el que prevé la revocación de las transferencias o tránsitos que ya estuvieran concedidas en el momento de la declaración del embargo. Sin embargo, Sumar sostiene que hay varias sentencia de la Corte Penal Internacional que avalan esas revocaciones.
El embargo se aplicaría contra los Estados que, como Israel, han sido demandados por un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España. La encargada de formalizarlo será la Secretaría de Estado de Comercio en el plazo de 15 días posteriores a dichas denuncias.
SE SUMARÍA AL "BLOQUEO COMERCIAL"
Desde el Gobierno subrayan que la reforma permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española, "consolidar así el embargo a la industria militar israelí y extenderlo a todos los materiales relacionados con la defensa y a la asistencia técnica prestada por empresas armamentísticas de ese país".
Sostienen que la norma se sumaría al "bloqueo comercial" por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Y recuedan que España, además, ha incrementado su apoyo financiero a UNRWA, ha reconocido al Estado Palestino, ha secundado las causas abiertas ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contra Netanyahu, y ha impulsado varias resoluciones en Naciones Unidas para exigir un alto al fuego permanente y sin condiciones, aseguran desde el Gobierno.
"El respeto al derecho internacional es el único camino y el Gobierno de España hará cuanto esté en su mano para defenderlo", añaden desde el Ejecutivo de coalición.
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