Varias asociaciones exigen al Gobierno dotar de más recursos los organismos existentes para luchar contra la corrupción

Las asociaciones Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch se han dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez así como al resto de grupos parlamentarios para exigir, entre otras cosas, que se dote de más recursos y más independencia a los organismos ya existentes para luchar contra la corrupción.

En un comunicado, las organizaciones firmantes expresan su "enorme preocupación" ante lo que consideran una "falta de avances" y una "parálisis" del Gobierno en materia de regeneración democrática tras los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE que han generado, entre otras cosas, la entrada en prisión del ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán.

A su juicio, España está atravesando una "crisis institucional que se agrava cada día" en un contexto de "corrupción generalizada" y de "espadas a la ciudadanía".

Precisamente, en declaraciones a Europa Press, el director de la asociación Political Watch, Javier Pérez, lamenta que desde los Gobiernos de los últimos años no se haya situado como una prioridad legislativa la lucha contra este fenómeno, aún así, valora positivamente algunas de las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez durante su comparecencia ante el Congreso para rendir cuentas por los el 'caso Cerdán'.

Eso sí, según ha explicado Pérez, desde Political Watch mantienen cierto "escepticismo" pues consideran que las propuestas del Gobierno requieren una mirada a medio y largo plazo que va más allá de esta legislatura y por tanto aboga por tratar de alcanzar un consenso que vaya más allá de las siglas y del Gobierno. "Necesitas el consenso del resto de partidos para dar continuidad", sostiene.

Aún así, ha reconocido que echaron en falta medidas que atajen de raíz las conocidas como 'puertas giratorias' y los nombramientos a dedo pues esta es, a su juicio, una de las grandes lacras de nuestro país en materia de regeneración democrática.

OFICINAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Precisamente, ante lo que consideran que es una "ausencia de compromiso real" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para tomar decisiones en esta materia, estas cinco asociaciones remitieron al Ejecutivo las medidas que consideran más "urgentes" para afrontar este asunto.

En primer lugar, abogan por que se "refuercen y blinden" los mecanismos contra la corrupción, entre otras cosas, potenciando organismos como la Autoridad Independiente de Protección del Informante dotándola de "independencia real, recursos y capacidad sancionadora" así como reforzando la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

También reclaman que se actualice la Ley de Transparencia y se garantice el acceso a la información como derecho fundamental, pues según alertan, "sigue sin estar reconocido como derecho fundamental" en nuestro país.

"Exigimos transformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un órgano independiente, con capacidad sancionadora, autoridad real y medios suficientes, sus miembros deben ser elegidos por el Congreso mediante concurso público, con independencia política garantizada", inciden.

MENOS DECRETO LEY, MÁS PARLAMENTO

En otro de los puntos de su texto, alertan de la necesidad de regular de forma "integral" los grupos de interés y también reforzar el control de los conflictos de intereses ya que, a pesar de las "reiteradas recomendaciones" de varios organismos, España sigue sin "legislación eficaz" sobre los conocidos como 'lobbies' y proponen para ello crear una Oficina de Conflictos de Intereses "verdaderamente independiente".

Las asociaciones también abogan por que desde el Gobierno se consoliden los mecanismos de participación ciudadana con reformas concretas que amplíen y hagan más accesibles los cauces de participación pública, por ejemplo, modernizando la herramienta de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que deje de ser algo "simbólico" y permita "influir de verdad" en la agenda.

Por último, en las propuestas remitidas al Ejecutivo incluyen que se mejore la calidad normativa y se refuerce el papel del Parlamento, pues consideran que actualmente hay un "uso abusivo del Real Decreto-ley" y esta figura debería estar limitada a los supuestos estrictamente definidos en la Constitución.

"Estas cinco reformas se consideran mínimos indispensables para frenar el deterioro institucional y reconstruir la confianza ciudadana", concluyen.