El Estado colombiano reconoce su culpa por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en 1999

El Estado colombiano ha reconocido su responsabilidad a nivel internacional por el asesinato del periodista, humorista y líder de opinión Jaime Garzón, tiroteado en 1999 por miembros de la banda criminal La Terraza, en asociación con fuerzas de seguridad del Estado.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ha trasladado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acuerdo alcanzado de forma amistosa con la familia de Garzón para evitar así una condena contra Colombia. El pacto incluye una serie de actos de reparación a favor de las víctimas.

"El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país, lo que constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto. A través de las observaciones, se señaló que el avance de las investigaciones ha permitido establecer que el plan criminal fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado", ha explicado el Gobierno colombiano en un comunicado.

Asimismo, Colombia reconoce vulneraciones y dilaciones en el proceso penal que han afectado los derechos de los familiares de Jaime Garzón y promete una reparación "integral". Aunque no se conocen por el momento los detalles, podría organizarse un acto simbólico que será transmitido por los canales oficiales del Gobierno, informa el diario 'El Espectador'.

Garzón era muy conocido a finales de la década de 1990 por sus críticas a las élites y a cargos públicos. Su muerte ya propició la condena a 26 años de cárcel contra el exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2021. Narváez aprovechó su estrecha relación con el exjefe parmilitar Carlos Castaño (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) para sugerirle atentar contra Garzón.

Castaño dio entonces la orden de asesinarlo con el argumento de su supuesta cercanía a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y contrató a los sicarios de La Terraza, manejada entonces por el narcotraficante Pablo Escobar.

Según el proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Garzón "había estado obrando como mediador para la liberación de personas secuestradas por las guerrillas de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) desde 1998, y que en virtud de tales gestiones había sido catalogado como colaborador o cómplice de la guerrilla por parte de altos estamentos militares y grupos paramilitares del país, quienes habrían llegado a la convicción de que el señor Garzón se estaba lucrando con sus gestiones para el pago de los rescates por los familiares de las víctimas secuestradas, y que estaba facilitando la continuidad del negocio del secuestro en Colombia".

En 2022, la Comisión Interamericana admitió el caso para su estudio y emitió un informe de fondo, explicando que Colombia podría ser responsable por violaciones contra los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión y protección judicial. Tres años después, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para la reparación a la familia de Garzón.