
Las sanciones declaradas por Estados Unidos contra el Gobierno y el Ejército de Sudán por el presunto uso de armas químicas durante la guerra contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido han entrado en vigor a última hora de este pasado viernes a pesar de las quejas de las autoridades sudanesas, que niegan las acusaciones.
El 24 de abril de 2025, Estados Unidos determinó, en virtud de la Ley de Control de Armas Químicas y Biológicas y Eliminación de la Guerra de 1991, que el Gobierno de Sudán sí que empleó estas armas prohibidas en 2024.
Tras un plazo de notificación de 15 días al Congreso, Estados Unidos impondrá sanciones a Sudán, incluyendo restricciones a las exportaciones estadounidenses a Sudán y al acceso a las líneas de crédito del gobierno estadounidense.
"Estados Unidos insta al Gobierno de Sudán a cesar el uso de armas químicas y a cumplir con sus obligaciones, y mantiene su firme compromiso de exigir responsabilidades a quienes contribuyan a la proliferación de armas químicas", añade el comunicado del Departamento de Estado.
El Gobierno sudanés rechazó estas acusaciones, que describió como un "engaño político". El ministro de Cultura e Información, Jaled al Aiser, afirmó que las declaraciones estadounidenses eran "falsas" y que su objetivo era atacar al Ejército sudanés tras sus logros de los últimos meses tras recuperar como el palacio presidencial y el aeropuerto de la capital del país, Jartum.
Sin embargo, las autoridades sudanesas también anunciaron a finales del mes pasado su intención de crear un comité para investigar el uso de armas químicas tras las acusaciones.
El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha ordenado la formación de un organismo integrado por el Ministerio de Exteriores, el de Defensa y los servicios de Inteligencia "para investigar las acusaciones estadounidenses", según reza un comunicado recogido por la agencia de noticias SUNA.
Al Burhan ha tomado esta decisión tras "su incredulidad ante la veracidad de las acusaciones de la Administración estadounidense sobre el uso de armas químicas", en el marco de la "transparencia perseguida por el Gobierno" y en cumplimiento de las obligaciones internacionales del país africano.
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