El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha concluido este jueves que Guatemala es "responsable" de forzar a niñas y menores de edad a seguir adelante con sus embarazos a pesar de haber sido violadas, lo que supone una "vulneración del derecho a una vida digna y a la autonomía reproductiva".
Este trato, según un comunicado del comité, constituye una forma de "tortura" e implica que las menores son obligadas a "asumir responsabilidades en circunstancias coercitivas". Así se ha pronunciado tras estudiar el caso de una niña de 14 años que fue violada en múltiples ocasiones y luego obligada a seguir adelante con su embarazo a pesar de su negativa.
"Este es el cuarto caso que el comité ha examinado recientemente sobre situaciones similares y terribles ocurridas en otros Estados de la región", ha señalado Hélène Tigroudja, integrante del comité. "Ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador. Hacerlo le arrebata su dignidad, su futuro y sus derechos más fundamentales" ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que esto "no es solo una violación de su autonomía sino también un acto de profunda crueldad".
La menor en cuestión había sido violada en repetidas ocasiones por un exdirector de una guardería pública a la que asistía cuando era más pequeña. Las violaciones tuvieron lugar una vez que abandonó el centro y su agresor seguía manteniendo contacto con su familia. El propio agresor trató de sobornarla y la amenazó en varias ocasiones después de que ella y su familia presentaran una denuncia.
A pesar de los nueve años de procedimientos judiciales en los que se vio inmersa, recoge el documento, el agresor ejerció una presión constante sobre su familia y "logró evadir la justicia". "Guatemala no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado. Desde entonces, ella ha sido estigmatizada como una niña que inició su vida sexual a temprana edad", señala el comité.
Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada y de impunidad sistemática frente a violencia sexual. Aunque el Código Penal guatemalteco permita el aborto en situaciones específicas para evitar un riesgo sobre la vida de la madre, en la práctica, el acceso al aborto legal es prácticamente imposible.
A pesar de los riesgos previsibles de un embarazo y un parto a su corta edad, estuvo obligada a llevar su embarazo a término. "Tras un parto traumático y casi fatal, también se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo ni de participar en su cuidado", apunta el documento.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Es por ello que se concluye que Guatemala "violó los derechos de la menor", incluido el derecho a la vida, que implica "el derecho a vivir con dignidad" y que requiere que los Estados adopten medidas para garantizar el derecho pleno a la salud sexual y reproductiva.
"El silencio y la inacción del Estado no son neutrales; no solo constituyen violaciones por omisión sino que también son factores de revictimización. Forzar la maternidad sobre una niña de esta forma es una grave violación de los Derechos Humanos", ha afirmado Tigroudja.
"Además del trauma de las violaciones, del embarazo y de la maternidad forzada, sufrió un alto nivel de angustia causado por una combinación de actos y omisiones atribuibles al Estado parte", ha sostenido. Para el comité, este caso refleja una cuestión de género y clase, dos cuestiones que "interactúan para silenciar a los más vulnerables".
Por último, ha instado al Estado de Guatemala a establecer un sistema de registro y supervisión de los casos de violación sexual y maternidad forzada en niñas y adolescente para avanzar en su erradicación y ha solicitado al país adoptar medidas para reparar el daño causado.
"Solicitamos a Guatemala que haga un reconocimiento público de responsabilidad y que garantice el acceso a la educación y a la atención psicológica para el hijo nacido de la violación", ha apuntado.
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