
El exsubjefe de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de Brasil, Renato de Lima França, ha negado este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro presentara petición alguna para evaluar las acciones y medidas de carácter golpista emprendidas tras las elecciones de 2022 y que culminaron con el asalto a la sede de los Tres Poderes, en la capital del país, Brasilia, el 8 de enero de 2023.
"No, nada, ni siquiera una solicitud de estudio. El presidente no me pidió nada sobre estos temas", ha aseverado França, uno de los asesores legales del exmandatario, en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.
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França ha testificado ante el juez del Tribunal Supremo de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, como testigo de defensa de Bolsonaro en el marco del procedimiento penal indiciado en relación con el complot golpista de 2023, en el que se le ha preguntado si el expresidente solicitó en algún momento algún asesoramiento o estudio sobre la implementación de medidas de estado de sitio, medidas de defensa u operaciones de Garantía de Ley y Orden (GLO).
"Nunca", ha insistido el asesor ante tal cuestión.
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En paralelo, este mismo viernes, ha sido llamado a declarar el excomandante del Comando Militar del Planalto (CMP), general Gustavo Henrique Dutra, quien ha intervenido como testigo del exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Anderson Torres, imputados por su presunta implicación en la referida asonada.
Dutra ha afirmado que tomó parte en una reunión con el entonces secretario, que tuvo lugar el 6 de enero de 2023 con el objetivo de "pedir ayuda para retirar a las personas sin hogar del campamento golpista que estaba instalado frente al cuartel del Ejército, en Brasilia", según el mismo medio.
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De acuerdo con el general, el campamento estaba "vacío", pues solo se encontraban allí unas 200 personas sin techo para las que --ha asegurado-- solicitó apoyo a la Secretaría.
Estas comparecencias forman parte de las declaraciones de los testigos de la defensa del denominado 'Núcleo 1' del complot golpista, que engloba a los ocho acusados por unanimidad en la Primera Sala del STF el 26 de marzo, entre ellos el propio Bolsonaro y el ya mencionado Anderson Torres.
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Hasta el momento han declarado alrededor de medio centenar de testigos.
Este procedimiento se inició después de que la Fiscalía General de Brasil denunciara a mediados de febrero de este año al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a otra treintena de personas por intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022, en la que fue la primera denuncia contra un exjefe de Estado del país iberoamericano por intentar atentar contra el Estado de derecho.
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Todo ello, a raíz de que miles de seguidores de Bolsonaro culminasen el domingo 8 de enero de 2023 el asalto a las instituciones que llevaban más de dos meses reclamando en las calles. Las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo fueron asaltadas por quienes pedían una intervención militar y la deposición de un líder, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya legitimidad no reconocían.
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