Corte colombiana avala extradición a EE.UU. de disidente de las FARC que negocia la paz

La Corte Suprema de Justicia avala la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', por delitos de narcotráfico y lavado de activos, mientras se crean zonas de reagrupamiento para las disidencias de las FARC en Colombia

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Bogotá, 28 may (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC con las que el Gobierno negocia la paz.

La determinación de la Corte aseguró que tras evaluar la solicitud de extradición y la documentación, califica "de manera favorable, a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra Willinton Henao Gutiérrez".

Alias 'Mocho Olmedo' es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

Pese a que la Corte avaló la extradición del jefe guerrillero, es potestad del presidente colombiano, Gustavo Petro, firmar la orden que autorice su entrega a la Justicia de Estados Unidos.

En su decisión, la Corte Suprema de Justicia dijo que los delitos por los que es requerido Henao los cometió entre 2021 y 2022 y son de naturaleza común, no política.

La semana pasada Petro firmó una resolución por medio de la cual se crea una zona de ubicación temporal en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para reagrupar al Frente 33 de las disidencias de las FARC, del que 'Mocho Olmedo' es uno de sus jefes y uno de los negociadores en el proceso de paz.

La medida, con vigencia de siete meses, permitirá la concentración del Frente 33, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), una de las mayores disidencias de las FARC, para "facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes".

La resolución incluye la suspensión de órdenes de captura para integrantes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y garantiza la presencia institucional en la zona sin retiro de la Fuerza Pública.

En enero pasado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó en la región del Catatumbo (noreste) una ofensiva contra la disidencias del Frente 33 que dejó inicialmente más de 80 muertos y unas 70.000 personas desplazadas, que se vieron obligadas a buscar refugio en ciudades como Cúcuta, Ocaña y Tibú para ponerse a salvo de esos enfrentamientos. EFE

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