París, 26 may (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, defendió al Tribunal de Estrasburgo, después de las críticas de los responsables de nueve países miembros que consideran que algunas sentencias les impiden aplicar una política contra la inmigración adecuada con las condiciones actuales.
En una declaración publicada este fin de semana, Berset reacciona así a la carta de los gobiernos de Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en la que pedían "un diálogo nuevo y abierto" sobre cómo interpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el texto en el que basa sus dictámenes el Tribunal de Estrasburgo.
El secretario general reconoce que los de inmigración son "asuntos complejos" y que "las democracias deben permanecer siempre abiertas a la reflexión a través de las vías institucionales apropiadas", pero en paralelo subraya que "la claridad es un asunto esencial".
"Debatir es sano, pero politizar el tribunal no", puntualiza, después de recordar que el TEDH "es el brazo legal del Consejo de Europa, creado por nuestros Estados miembros, establecido por elección soberana e íntimamente ligado" al convenio que "han firmado y ratificado libremente" los 46 Estados miembros.
En definitiva, que "el tribunal existe para proteger los derechos y los valores que esos Estados se comprometieron a defender", y que el respeto a su "independencia" y a su "imparcialidad" forma parte de los fundamentos de este organismo paneuropeo, creado para la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho.
Berset afirma que en los 75 años de existencia del convenio, el Tribunal de Estrasburgo ha guiado a los países "a través de las amenazas a su independencia judicial, de los problemas políticos e incluso de la guerra".
"En cada caso particular -añade- ha servido de brújula, defendiendo el Estado de derecho y protegiendo los derechos individuales dentro de un sistema de control de los equilibrios de poder que nuestros Estados han decidido construir juntos".
El secretario general del Consejo de Europa concluye que "frente a los desafíos complejos" que se afrontan actualmente, lo que hay que hacer "no es fragilizar el convenio, sino mantenerlo fuerte y relevante para garantizar el equilibrio entre la libertad y la seguridad, la justicia y la responsabilidad".
La posición de esos nueve países fue presentada el pasado jueves en Roma por las primeras ministras de Dinamarca, Mette Frederiksen, y de Italia, Giorgia Meloni, que se quejó, por ejemplo, de que dictámenes amparados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos han impedido en ocasiones expulsar a inmigrantes "manchados con delitos graves".
"Ante interpretaciones así -justificó la jefa del Gobierno ultraderechista de Italia-, debemos preguntarnos si los textos a los que hacemos referencia son efectivamente capaces de responder a los exigencias de los ciudadanos y a los valores que queremos defender". EFE
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