Ana Báez
Ciudad de México, 24 may (EFE).- En México hay alrededor de 2.000 mujeres privadas de su libertad por delitos de drogas, muchas de ellas víctimas del narcotráfico y del sistema que las detiene injustamente, y a pesar de ello, ninguna de ellas podrá ser parte de las históricas elecciones judiciales del 1 de junio.
"Muchas son inocentes, porque no se está deteniendo a quienes deberían”, espetó a EFE Alex, quien estuvo casi tres años en prisión tras haber sido sentenciada por posesión y comercio de narcóticos.
En un país donde “no hay justicia” y detienen a quien "no tiene dinero", Alex, quien prefirió reservar su identidad, lamentó que se excluya a las personas en prisión preventiva oficiosa de las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio, una medida aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la falta de recursos económicos.
Esa ausencia de justicia, relató la joven de 32 años, la vivió en 2023, cuando por ser consumidora de sustancias, fue sentenciada y enviada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en el estado de Morelos (centro), uno de los más grandes y de mayor nivel de seguridad en América Latina, y donde solo vio dos veces a su defensa.
“Es más fácil detenernos a nosotras que a los grandes criminales (...) No investigan, seas o no culpable, te apresan”, aseveró sobre su captura en Guanajuato, estado donde operan dos de los principales grupos del crimen organizado: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.
La fundadora y directora de la organización Elementa DDHH, Adriana Muro, explicó que las mujeres más vulnerables están siendo encarceladas, "cuando los grandes eslabones, que son hombres, están siendo liberados o incluso extraditados a Estados Unidos”.
A inicios de 2025, México extraditó a 29 narcotraficantes a EE.UU, mientras que en los últimos seis años, el encarcelamiento de mujeres ha aumentado un 22 %, según investigaciones de la organización Equis Justicia.
"Y el mercado ilícito de las drogas sigue intacto”, sentenció Muro, y agregó que este problema también viene del “sistema internacional” y de una política de seguridad nacional que “alimenta la idea de que se están dando resultados en la falsa guerra contra las drogas”, un enfrentamiento del que estas mujeres están siendo “víctimas”.
La fundadora del Centro de Estudios y Acción (CEA) por la Justicia Social, Angela Guerrero, detalló que algunas mujeres “no están involucradas en el mercado ilícito de las drogas”, es más bien “su pareja, su papá o alguna persona con la que tienen una relación de poder”.
Guerrero argumentó que, de las 50 mujeres que entrevistaron en el Cefereso 16, sentenciadas por posesión de drogas, el 80 % era víctima de la dominación masculina basada “en muchos tipos de violencia”.
Para Guerrero y Muro, el sistema de justicia penal, además de ser punitivista, cuenta con fiscalías que no están investigando lo suficiente, abogados que no están defendiendo sus casos y jueces que no están sentenciando con enfoque de género.
Como contrapeso, pusieron en marcha “un mecanismo estratégico” para la liberación de mujeres que se encuentran en prisión injustamente por delitos menores de drogas, y con ello lograron la libertad de Alex y de siete mujeres más.
Este mecanismo es parte de la campaña de recaudación de fondos ‘Libéralas’, disponible hasta el 30 de mayo, con la que se busca recuperar la libertad de cinco mujeres más pagando sus multas. EFE
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