El Tribunal Supremo de Brasil ha aceptado este martes las denuncias contra diez de los doce acusados de planear los asesinatos del presidente, Lula da Silva; del vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del juez del máximo órgano judicial del país Alexandre de Moraes, que además instruye el caso.
Los acusados, enmarcados en el grupo 3 de la trama por el golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula en 2022, son once militares y un policía federal acusados, además de las tentativas de magnicidio, de planear "acciones tácticas" para efectuar el golpe, como "presiones para garantizar la adhesión de la cúpula de las Fuerzas Armadas al plan, la monitorización de autoridades y el planeamiento de atentados" para mantener a Bolsonaro en el poder, según la Fiscalía brasileña.
Los acusados habrían fracasado en lograr el apoyo explícito del comandante del Ejército, lo que hizo que desistiesen de la operación "a última hora", según el portal brasileño UOL. En el caso de Moraes, los denunciados llegaron a monitorizar la localización del juez e incluso a acercarse a su residencia en Brasilia para ejecutar el plan de capturarlo o asesinarlo.
"Si se hubiese producido el golpe, difícilmente sería yo el instructor", afirmó De Moraes, quien aseguró que, aunque el plan golpista no tuviese éxito, se había cometido el crimen.
El policía acusado, Wladimir Matos Soares, envió audios en los que decía formar parte de un núcleo armado listo para "tomarlo todo" y "matar a medio mundo" para mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder.
Hasta ahora, la Primera Sala del Tribunal ha aceptado por unanimidad las acusaciones formales contra 31 personas, incluido Bolsonaro, de las 34 denunciadas inicialmente. Con los cargos contra dos de los acusados desestimados, sólo falta el caso de Paulo Figueiredo Neto --nieto del último presidente de la dictadura militar, João Batista Figueiredo-- que reside fuera de Brasil y cuyo enjuiciamiento está pendiente de fecha.
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