Quito, 20 may (EFE).- Un total de 80 agresiones fueron contabilizadas contra los diferentes actores partícipes en las elecciones presidenciales de este año en las que Daniel Noboa fue reelegido como presidente de Ecuador hasta 2029, según reveló el Informe sobre violencia política elaborado por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política.
Este ente de vigilancia está conformado por el colectivo feminista Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA) y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), centrada en promover el desarrollo sociopolítico y económico.
De acuerdo con el informe, la recolección de información se realizó a través de fuentes indirectas, mediante observación constante de los principales hechos de la vida pública y política a través de los medios de comunicación, informes de organizaciones civiles, declaraciones institucionales, plataformas digitales y boletines, desde el 9 de febrero de 2024 al 13 de abril de 2025.
En esa línea, entre las deducciones extraídas por el Observatorio se subraya que la contienda electoral de 2025 se efectuó en un "escenario complejo de violencia", con 80 incidentes clasificados principalmente en 46 homicidios (58 %), 21 intimidaciones (26 %) y 10 atentados (10 %) contra la integridad y vida de las personas vinculadas al proceso electoral.
Las principales víctimas de estos episodios fueron autoridades de nivel nacional, provincial o local, con un saldo de 13 asesinatos y un rapto, seguidos por miembros de la Policía Nacional, efectivos de las Fuerzas Armadas o personal penitenciario, quienes sufrieron 11 asesinatos.
"En este proceso electoral hay cosas que no se han visto (antes), como por ejemplo, que hemos tenido cuatro alcaldes asesinados", advirtió la representante de MEGA, Ana Gómez, si bien estos asesinatos se produjeron fuera de la coyuntura electoral.
Entre las provincias con mayor índice de episodios violentos, el análisis destaca a las costeras Manabí y Guayas como las más afectadas, con 21 (26 %) y 20 (25 %) casos identificados, respectivamente, mientras que ningún otro territorio del país consiguió superar la decena de sucesos.
Otro de los señalamientos incluidos en el estudio vincula la cantidad de agresiones con los movimientos políticos, siendo Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), el grupo más afectado con siete homicidios, una amenaza y un ataque contra sus integrantes.
“Hemos llegado a normalizar la violencia; los hechos que antes nos conmocionaban ya no nos impactan como en elecciones pasadas, como cuando asesinaron al candidato (presidencial) Fernando Villavicencio (en 2023). Hoy aceptamos sin asombro que aspirantes lleven chalecos antibalas, cascos protectores y estén rodeados de efectivos policiales y militares”, manifestó Gómez.
Dentro del informe, las organizaciones involucradas también dedicaron un apartado específico al análisis de la violencia política basada en género, una conducta que está contemplada en el Código de la Democracia de Ecuador para asegurar la participación equitativa.
En detalle, el Observatorio de FES y MEGA identificó un total de 44 expresiones de violencia política dirigidas a distintas lideresas, siendo la más afectada la aspirante presidencial del correísmo Luisa González, con 21 casos.
Respecto al tipo de agresión, sobresale la sexualización como la forma más recurrente (46,51 %), seguida de comentarios sobre la apariencia física (25,58 %) y cuestionamientos sobre la emocionalidad (16,28 %), entre otras manifestaciones.
Con el fin de enfrentar y prevenir estos actos, el documento plantea una serie de recomendaciones dirigidas a las entidades competentes.
Entre las sugerencias se incluye el diseño y la puesta en marcha de una política nacional de seguridad electoral de carácter permanente, así como la creación de una unidad de inteligencia electoral integrada por las distintas fuerzas del orden del país.
También se propone la activación de protocolos específicos contra la violencia política de género, el establecimiento de un observatorio oficial para documentar, investigar y sancionar estos casos, y la instauración de un programa nacional de educación cívica y formación democrática, entre otras medidas. EFE
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