Quito, 19 may (EFE).- El excandidato a la Presidencia de Ecuador y líder ambiental indígena Yaku Pérez, contrario al desarrollo del proyecto minero Loma Larga, en la sureña provincia andina de Azuay, afirmó este lunes que las comunidades defensoras del agua no claudicarán con el objetivo de impedir que la mina se ponga en marcha, después de que la Cámara de Minería del Ecuador (CNE) anunciara que concluyó con el proceso de consulta previa, libre e informada.
Pérez calificó que el anuncio de la culminación de la consulta previa, libre e informada, derecho constitucional que tienen las comunidades indígenas de Ecuador frente a proyectos de inversión que puedan afectarles, como "cantos de sirena tan falsarios como audaces".
El abogado y defensor del agua, que fue candidato presidencial en los comicios de 2021 y 2023, aseveró que debe ser la Corte Provincial de Justicia de Cuenca la que decida la ejecución de la consulta previa, libre e informada que ya ordenó realizar en la comunidad de Escaleras.
"Ni militarizando Victoria del Portete pudieron hacer consulta previa y ambiental, la razón no pide fuerza", señaló Perez a través de sus redes sociales.
Pérez también hizo mención al dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta popular realizada en 2020 en Cuenca que prohibió las actividades mineras, si bien el tribunal señaló en su resolución que la decisión no puede ser retroactiva a las concesiones mineras ya otorgadas previamente a la votación, como es el caso del proyecto Loma Larga.
Asimismo, anticipó que el caso también está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debe emitir un informe.
"Los cuencanos y cuencanas no claudicaremos. Es más, las comunidades defensoras del agua y el pueblo del Azuay resistirá al autoritarismo y defenderán el agua como a nuestras mismas vidas", dijo Pérez.
La Cámara de Minería anunció este lunes que por primera vez en la historia de Ecuador había culminado con éxito un proceso de consulta previa, libre e informada dentro del sector minero, lo que permitiría comenzar la construcción de las instalaciones de la mina para finales de 2025, a falta de que el Gobierno emita la respectiva licencia ambiental.
A través de este proceso, el Estado informa a las comunidades indígenas el área de influencia directa de un proyecto de inversión de los beneficios y eventuales perjuicios que la iniciativa puede conllevar para ellos, de modo que emitan una opinión informada al respecto.
"El resultado fue claro y contundente: por consenso, los sujetos consultados se pronunciaron a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga", manifestó en un comunicado la Cámara de Minería sobre este proceso conducido por el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la verificación de la Defensoría del Pueblo.
Así, una vez obtenida la licencia ambiental por parte del Gobierno, podrá comenzar la fase de construcción de las instalaciones de la mina, lo que podría darse para finales de 2025, con una inversión prevista de entre 400 y 500 millones de dólares y la generación de unos 1.500 empleos directos, la mayoría de habitantes de la zona.
Para la fase de explotación se prevé que Loma Larga mantenga alrededor de 500 empleos directos con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también cantidades menores de plata y cobre.
Entre los motivos que Yaku Pérez alega en contra del proyecto es que supondrá la desaparición de las lagunas de Quimsacocha, algo que negó este lunes en rueda de prensa el abogado constitucionalista Emilio Suárez al señalar que el proyecto solo contempla una afectación del 0,1 % en el curso de un río durante la etapa de construcción.
Mientras, la presidenta de la CME, María Eulalia Silva, reivindicó a la minería legal como una industria responsable y limpia con el medio ambiente, capaz de devolver a la naturaleza el agua en el mismo estado que la recibió, por lo que desechó "falsos debates" entre oro y agua, o incluso oro y salud. EFE
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