La Fiscalía del Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI), encargado de juzgar los delitos cometidos en el marco de las cruentas protestas del pasado verano contra la ex primera ministra Sheij Hasina, ha acusado a la exmandataria de orquestar las medidas "represivas" adoptadas durante las manifestaciones y que se saldaron con cientos de muertos.
Los investigadores y fiscales del tribunal especial --que juzga crímenes de guerra-- apuntan a que la propia Hasina habría estado detrás de las duras medidas ejercidas por las fuerzas bangladeshíes contra los manifestantes y la población civil y la acusan de haber dado órdenes al respecto.
Naciones Unidas ha alertado de que la cifra de fallecidos durante las protestas podría ascender a los 1.400 y señalan que las medidas adoptadas durante julio de 2024 constituyen un claro intento de "silenciar a la oposición", que solicitaba la dimisión del Gobierno y protestaban contra la ley de cuotas, que reservaba más de la mitad de los puestos en el funcionariado para familiares de veteranos de guerra.
Actualmente, Hasina permanece en territorio indio, donde continúa desde que huyó de Bangladesh hace ya diez meses y sigue desafiando la orden de arresto impuesta por Dacca por la comisión de crímenes contra la humanidad. Los investigadores consideran que Hasina es culpable de al menos cinco de los cargos impuestos en su contra.
A los manifestantes, en su mayoría estudiantes, se unieron simpatizantes del partido de la oposición, a los que la ex primera ministra bangladeshí ha responsabilizado de la violencia desatada entonces.
La Policía disparó granadas y balas cuando los manifestantes se enfrentaron a la los agentes y a los partidarios del sistema de cuotas en la capital del país. La situación dejó cientos de muertos, entre ellos varios periodistas.
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