Los Ángeles (EE.UU.), 8 may (EFE).- La Administración de Donald Trump pidió este jueves al Tribunal Supremo de Estados Unidos que le permita revocar el estatus legal de cientos de inmigrantes otorgado por el anterior Gobierno de Joe Biden.
El documento, presentado por el Departamento de Justicia de Kristi Noem, pide a los tribunales que detenga la orden interpuesta por la jueza de Massachusetts, Indira Talwani, el pasado 15 de abril.
Esta disposición bloqueó temporalmente el intento del Gobierno de Trump por revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de cientos de miles de beneficiarios de un programa humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Con la emisión de esta orden, "el tribunal de distrito realizó la misma revisión que el Congreso prohibió: anulando innecesariamente políticas migratorias cruciales, cuidadosamente diseñadas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y deshaciendo políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre", indica el texto presentado ante el Supremo.
El Supremo "debería suspender la orden del tribunal de distrito. Por lo general, un extranjero que llega a EE.UU. y no puede demostrar su admisibilidad es expulsado sin demora o detenido en espera de los procedimientos de expulsión", agrega el escrito de 27 páginas, firmado por el procurador general John Sauer.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el conocido como 'parole humanitario', lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años estipulados inicialmente.
Trump ordenó revocar este programa migratorio, que protege a cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación, y se instauró durante el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025) en un intento por ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
Pero la jueza Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), especificó que el Gobierno debe respetar la fecha de vencimiento y no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso.
Desde hace más de 70 años, tanto administraciones republicanas como demócratas han utilizado procesos del llamado 'parole' humanitario para promover intereses nacionales, como la reunificación familiar y la gestión humanitaria de la migración. EFE
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