Varios países vecinos a Alemania han cuestionado las nuevas medidas adoptadas en la frontera terrestre por el recién investido Gobierno de Friedrich Merz, toda vez que implican límites adicionales a la libertad de circulación que, teóricamente, requieren de la consulta con otras partes que puedan verse afectadas.
Apenas unas horas después de tomar posesión, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, anunció que las fuerzas fronterizas tendrán potestad para impedir la entrada de todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo --a excepción de mujeres embarazadas, niños y miembros de grupos vulnerables--.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ya expresó el miércoles su malestar en una comparecencia junto a Merz en Varsovia, y en las últimas horas los mensajes de duda se han sucedido también en otros países.
El Ministerio de Justicia de Suiza ha asegurado que "los rechazos sistemáticos en la frontera violan las leyes en vigor", por lo que el Gobierno de Suiza se reserva el derecho de adoptar otras medidas como represalia.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Austria ha apuntado que, pese a que "por lo general" respalda los esfuerzos alemanes para "combatir la mafia del contrabando y la inmigración ilegal", también ha sugerido que cualquier medida debe hacerse conforme "al orden legal europeo".
Dentro de Alemania, la líder del Partido Verde, Franziska Brantner, ha lamentado la falta de colaboración con los países vecinos "en un momento en que se necesita más Europa". Considera, además, que la nueva política implicará una reducción de la vigilancia en otros puntos clave como estaciones o aeropuertos "para enviar una señal en la frontera".
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