La tensión entre Argentina y Venezuela, un factor central en la crisis de los asilados

Buenos Aires, 7 may (EFE).- La situación de los cinco asilados que permanecían en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas y su posterior salida sumado a la detención de un gendarme argentino acusado de espionaje pone en evidencia la fuerte disputa política que mantienen Venezuela y Argentina desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

El conflicto por los asilados se desató a fines de marzo de 2024, cuando Argentina brindó asilo en su sede diplomática en Caracas a cinco opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.

Poco después, el Ejecutivo argentino denunció cortes en el suministro de electricidad y agua de la residencia de la embajada así como un "asedio policial" y advirtió al líder venezolano "sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección".

El Gobierno de Maduro se negó a otorgar un salvoconducto para los opositores, cinco de los cuales permanecieron allí durante más de 400 días: Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos -todos miembros del partido de la opositora María Corina Machado- y el exdiputado Omar González.

El sexto, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades el pasado 19 de diciembre, recibió libertad condicional y murió el pasado 27 de febrero.

Tras lo que el Gobierno argentino describió este miércoles como meses de trabajo confidencial que comenzaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año, los cinco opositores fueron "rescatados" y trasladados a Estados Unidos, según anunció este martes el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

El Ejecutivo argentino agradeció a Estados Unidos por la "exitosa operación" de "extracción", consideró que "esta acción representa un importante paso en defensa de la libertad en la región" y describió a Maduro como un "dictador extorsionado por naturaleza".

Esta retórica no es nueva en el vínculo entre las autoridades argentinas y venezolanas, que mantienen un fuerte enfrentamiento político desde que el mandatario ultraderechista llegó a la Presidencia del país suramericano en diciembre de 2023.

Tras meses de declaraciones cruzadas, en febrero de 2024 se produjo el primer incidente diplomático, con el decomiso en Argentina de un avión venezolano y el posterior cierre del espacio aéreo del país caribeño para que viajaran desde o hacia Argentina.

En julio de ese año, el Ejecutivo de Milei comunicó a la Corte Penal Internacional (CPI) su decisión de reincorporarse a la denuncia contra Venezuela ante ese tribunal interpuesta en 2018 por varios países y de la que se había retirado en 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).

Semanas después, tras la denuncia de fraude por parte de Argentina tras los disputados comicios presidenciales venezolanos del 28 de julio que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país dieron el triunfo a Maduro, las autoridades del país caribeño ordenaron la expulsión de diplomáticos argentinos -y de otros seis países de la región- en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones" sobre las elecciones.

El personal diplomático argentino abandonó Venezuela horas después y Brasil asumió la custodia de los intereses argentinos y la protección de los opositores asilados.

La última crisis se desató el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de Milei.

En su declaración de este miércoles, el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, reveló que están trabajando de forma confidencial para obtener su liberación, y consideró que su detención fue un "secuestro ilegal". EFE