La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum de dos meses a España y a otros 11 Estados miembro para transponer plenamente la normativa comunitaria sobre comercio de derechos de emisión antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Bruselas también ha amenazado con recurrir a la Justicia europea a Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, República Checa, Polonia, Portugal y Rumanía si no se toman las medidas necesarias para adaptar estas normas a la legislación nacional.
El Ejecutivo comunitario ha decidido enviar dictámenes motivados a estos países por no haber transpuesto en su totalidad la directiva sobre el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, algo que deberían haber hecho antes del 31 de diciembre de 2023.
La revisión de esta directiva refuerza las normas vigentes del régimen de comercio de derechos de emisión ampliándolo al transporte marítimo y reforzando los fondos de apoyo a la descarbonización dentro del sistema.
Además, la Comisión también ha dado un ultimátum de dos meses a España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía por no haber adaptado a su legislación nacional las normas revisadas del régimen de comercio de derechos de emisión aplicable al sector de la aviación, cuyo plazo de transposición finalizaba el 31 de diciembre de 2023.
Estas modificaciones aumentan la ambición en el sector de la aviación y aplican el régimen de compensación y reducción de las emisiones de carbono para la aviación internacional y, según destaca Bruselas, su completa transposición es "esencial" para garantizar el correcto funcionamiento del comercio de emisiones, evitar distorsiones en el mercado interior y alinear el sistema con los objetivos climáticos de la UE para 2030.
En enero de 2024, la Comisión ya expedientó a 26 Estados miembro por no haber incorporado plenamente las dos directivas a su legislación nacional, pero los once países mencionados no han comunicado aún la transposición completa.
Estos once países disponen ahora de dos meses para responder y tomar las medidas necesarias para transponer las modificaciones de forma completa y correcta o, de lo contrario, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el TJUE.
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