Jerusalén, 28 abr (EFE).- El grupo la Yihad Islámica Palestina, presente en la Franja de Gaza, denunció este lunes que "las demoras legales no alimentarán a los hambrientos", en referencia a la audiencia que comenzó hoy en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las obligaciones de Israel respecto a Gaza y el papel de ONGs como la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).
"Las demoras legales no alimentarán a los hambrientos ni salvarán a los niños, y la justicia impartida a personas inocentes es inútil cuando es demasiado tarde", dijo la Yihad en un comunicado en su canal de Telegram, en el que acusó a la comunidad internacional de "guardar silencio".
"Obstruir la entrada de alimentos, medicamentos y combustible constituye un claro crimen de guerra según el Derecho Internacional (Humanitario), en cualquier circunstancia. El propio enemigo no niega que esté utilizando el bloqueo como arma para lograr objetivos políticos y militares", añadió la Yihad en un comunicado.
Israel obstruye desde el 2 de marzo el acceso a Gaza de camiones cargados con alimentos, agua, medicamentos o ayuda humanitaria, según el gobierno Israel, con la idea de "presionar a Hamás" para aceptar un acuerdo de alto el fuego (en el que Israel no quiere incluir el fin definitivo de la ofensiva).
Antes de la guerra, entraban de media unos 500 camiones diarios (ya insuficientes para las organizaciones en el terreno) a la Franja de Gaza, dependiente de la ayuda humanitaria de otros países y organizaciones y bajo bloqueo israelí -terrestre, marítimo y aéreo- desde junio de 2007 tras la toma militar de Gaza por Hamás (que ganó los comicios de un año antes).
"Este silencio continúa después de que el enemigo (israelí) haya renunciado a todos los acuerdos y violado todos los entendimientos, con el apoyo abierto y flagrante del Gobierno estadounidense", concluye el texto.
La Corte Internacional de Justicia escucha desde hoy, y hasta el viernes, los argumentos de casi 40 países sobre las obligaciones de Israel y las actividades de la ONU y otras organizaciones en Gaza, antes de emitir su opinión consultiva a petición de la ONU.
Israel acusó a la UNRWA de estar "infiltrada" por el grupo armado palestino Hamás y de tener empleados que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023, tras lo que le prohibió operar en el territorio israelí -incluido Jerusalén Este-, lo que redujo severamente sus actividades en Gaza y Cisjordania ocupada; dada la dependencia de coordinación con las autoridades israelíes y los puestos de control militares israelíes.
En la audiencia de hoy, la sueca Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos de la ONU, señaló que el veto a la UNRWA, que presta servicios sociales a millones de palestinos refugiados, “parece representar una extensión de la soberanía o del ejercicio de poderes soberanos en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este”, en contra del Derecho Internacional. EFE
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