Río de Janeiro, 11 abr (EFE).- La Corte Suprema de Brasil le concedió este viernes la prisión domiciliar al diputado José 'Chiquinho' Brazão, uno de los tres acusados de haber ordenado y financiado el asesinato de la concejala Marielle Franco, la activista de izquierdas y defensora de los derechos humanos tiroteada en marzo de 2018.
El magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal responsable por analizar la última de las apelaciones presentadas por la defensa del parlamentario, aceptó concederle la casa por cárcel debido a sus problemas de salud.
Según la sentencia, los médicos de la Penitenciaría Federal de Campo Grande, en donde el legislador está preso desde el año pasado, presentaron un informe en que se indica que Brazão es portador de una enfermedad arterial coronaria crónica provocada por la obstrucción de dos arterias y por la que le tuvieron que implantar un dispositivo en febrero pasado.
El informe agrega que el preso tiene lesiones en otras arterias coronarias que pueden obstruirse en cualquier momento, y otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal.
Según De Moraes, el contenido del informe médico y la posibilidad de que los problemas de salud se agraven en la cárcel justifican la "excepcional concesión de la prisión domiciliar humanitaria".
El magistrado, sin embargo, determinó que el diputado utilice una tobillera electrónica y que se abstenga de entrar en contacto con los otros investigados, y le prohibió recibir visitas no autorizadas, utilizar redes sociales y conceder entrevistas.
Brazão, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de Policía Civil Rivaldo Barbosa fueron arrestados en marzo del año pasado acusados de haber sido los autores intelectuales del asesinato de la concejala.
Los tres, que aguardan juicio, fueron denunciados en la confesión hecha por Ronnie Lessa, exagente de la Policía de Río de Janeiro y miembro de las milicias (grupos parapoliciales) combatidas por Marielle Franco.
Lessa afirmó en un acuerdo de cooperación judicial que los tres acusados lo contrataron para cometer el crimen, que obedecería a la actividad de la concejala contra las milicias y sus denuncias sobre negocios inmobiliarios que tenían esas mafias en las favelas de Río de Janeiro.
Lessa y el también expolicía Élcio Queiroz, asesinos confesos de la activista y de su conductor Anderson Gomes, fueron condenados en octubre del año pasado a 78 años y 9 meses de prisión, y a 59 años y ocho meses, respectivamente, tras probarse que fueron los autores materiales del crimen.
Franco, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 luego de participar en un acto político en el centro de Río.
La activista izquierdista, lesbiana, negra y nacida en una favela, se destacaba por su firme defensa de los derechos humanos, por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su posición de combate a las milicias que controlan decenas de barrios pobres de Río. EFE
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