Asunción, 28 mar (EFE).- El Ministerio de Justicia de Paraguay anunció este viernes el nombramiento de un nuevo interventor de la cárcel de Minga Guazú (este) -tras la renuncia de un primer designado-, después de la fuga de ocho presos, cuatro de ellos presuntos integrantes del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).
A través de su cuenta oficial en X, el despacho de Justicia anunció la designación de Jesús Emmanuel Pérez Guerrero como nuevo interventor, luego de la dimisión, presentada un día después de su nombramiento, de Blas Martínez, quien alegó "motivos personales".
"Pérez Guerrero, como líder del equipo, asumirá funciones por un periodo de 30 días, durante el cual se llevará a cabo la intervención del establecimiento penitenciario", agregó la publicación.
La cartera de Justicia indicó que la intervención de la penitenciaría de Minga Guazú, ubicada a 305 km de Asunción, "responde a la fuga de ocho personas privadas de libertad, una de las cuales fue recapturada".
La renuncia del anterior interventor coincidió con la publicación de un artículo en el diario Última Hora con una foto que había sido tomada en el año 2019, en la que Martínez aparece compartiendo un almuerzo con presos de la cárcel de San Pedro (norte).
Según la versión periodística, el almuerzo tuvo lugar en una "granja vip" en la penitenciaría de San Pedro, sitio que el entonces ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, dijo desconocer.
También aparecía en la imagen un exdirector de esa cárcel, que posteriormente fue condenado a 4 años de cárcel "por frustración de la ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado", según un comunicado del Ministerio Público de 2024. EFE
Últimas Noticias
Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz en un gesto de confianza
La petrolera estatal taiwanesa anuncia nueva subida de precios por guerra en Oriente Medio
Una ONG denuncia 43 asesinatos a personas que buscaban a desaparecidos en México desde 2010
Al menos 43 familiares de desaparecidos han sido ultimados o no se sabe su paradero desde 2010 en territorio mexicano, advierte Artículo 19, quien denuncia desprotección estatal y riesgos crecientes para quienes exigen justicia y verdad
