Lima, 25 feb (EFE).- La Fiscalía de Perú alertó de que unas 5.500 investigaciones en marcha pueden ser archivadas si el Congreso modifica una ley que permite al Estado incautar bienes obtenidos presuntamente de manera ilícita por personas investigadas y condenadas por la Justicia.
"Si el Congreso modifica la Ley de Extinción de Dominio, gran parte de los 5.500 investigaciones del Ministerio Público quedarán archivadas por falta de sentencia firme", remarcó la Fiscalía en un mensaje publicado en sus redes sociales acerca de la norma que regula la expropiación de bienes de origen ilegal sin contraprestación económica.
Agregó que una medida de este tipo "debilita la lucha contra la corrupción y favorece a la criminalidad".
La Fiscalía mencionó seis "casos emblemáticos" que pueden ser archivados, entre ellos la incautación de propiedades del expresidente Alejando Toledo, de cuentas bancarias del prófugo líder político Vladimir Cerrón, de inmuebles de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y del empresario Rodolfo Orellana.
En otro mensaje publicado en sus redes oficiales, el Ministerio Público sostuvo que los cambios a la ley "podrían favorecer a corruptos y criminales, al excluir delitos y limitar la recuperación de bienes ilícitos".
Detalló que plantean excluir de su aplicación a delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, además de proponen un plazo de prescripción de solo cinco años y exigir que solo pueda aplicarse cuando exista una condena firme y consentida.
La semana pasada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó los cambios propuestos a la norma porque, según indicó, considera que beneficiará a organizaciones criminales y se trata de una "herramienta legal clave" para que el Estado recupere bienes obtenidos de manera ilícita.
El ministerio informó que, desde 2019, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) administra y gestiona los bienes incautados, que se asignan para su uso "en beneficio de la ciudadanía y la seguridad ciudadana".
Según los registros de bienes administrados por el Pronabi, en 2020 estos bienes aumentaron en un 32 %, al pasar de 101 a 133, en 2021 se incrementaron un 390 %, al llegar a 652 registros, mientras que en 2022 se sumaron 902 registros, en 2023 se registraron 698 nuevos bienes y en 2024 se tuvo 996 nuevos registros.
Sin embargo, la vigencia de esta ley también ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que sea declarada inconstitucional.
Al respecto, la presidenta del TC, Luz Pacheco, señaló que el análisis de este tema es complejo, por lo que consideró que el tribunal solo se tendrá una sentencia sobre el tema en unos dos meses.
El pleno del Congreso peruano aprobó el pasado 13 de diciembre, en primera votación, el dictamen que modifica la ley, con el argumento de que se busca "perfeccionar la regulación" del mecanismo, según señaló en ese momento el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita, del partido marxista Perú Libre.
Tras esa votación, se informó que el proyecto debía ser sometido a una segunda votación que, probablemente, se realice al inicio de la siguiente legislatura, que comenzará la próxima semana. EFE
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