Buenos Aires, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles que la mayoría en la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta aprobara la discusión sobre la designación del magistrado Ariel Lijo como nuevo juez de la Corte Suprema.
El documento legislativo contó con las nueve firmas necesarias para alcanzar la mayoría de comisión, entre las que se destaca el apoyo de tres senadores de la opositora Unión Por la Patria (peronista).
El pliego de Lijo fue criticado en su paso por la audiencia pública por distintos organismos judiciales como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG apartidaría, que reveló en un informe que Lijo recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires había emitido un comunicado donde afirmó: “Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”.
El dictamen elevado al Senado concluyó que las impugnaciones y observaciones “no son conducentes” y no aportan fundamentos suficientes que demuestren la “falta de idoneidad moral, técnica y profesional” del candidato de Milei a la Corte Suprema.
El pliego podría tratarse la semana próxima cuando los senadores acudan a la Cámara Alta por primera vez en el año para discutir la reforma electoral, leyes de reiterancia, reincidencia y juicio en ausencia, parte de los temas enviados por el Gobierno para tratarse en sesiones extraordinarias.
Para su aprobación, el nombramiento requiere de las dos terceras partes de la Cámara Alta.
Otra de las propuestas de nombramiento para ocupar una silla en el Supremo es el abogado y académico Gabriel García Mansilla, cuya candidatura también ha generado controversia.
Respecto a Mansilla, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) aseguró en un comunicado que el académico “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994” y “plantea posiciones regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”. EFE
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