La reducción de la jornada laboral enfrenta al Gobierno español y los empresarios

Madrid, 5 feb (EFE).- El deseo del Gobierno español de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin descuento salarial ha desencadenado una fuerte oposición del empresariado, pues considera que hará "sufrir" a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sobre todo.

El ministro de Industria y Turismo español, el socialista Jordi Hereu, aseguró este miércoles a la prensa que es una "magnífica prioridad" para el Ejecutivo, que ayer aprobó un anteproyecto legislativo para regular la medida.

Lo hizo a instancias de la titular de Trabajo, la izquierdista Yolanda Díaz, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), pero sin apoyo de la patronal.

"Este es un compromiso del Gobierno y estamos en el inicio de un proceso de negociación que tendremos que hacer posible a través del diálogo político", añadió Hereu este miércoles.

Aludió así a la necesidad de negociar con los grupos parlamentarios para recabar su apoyo, dado que la coalición de gobierno, que forman los socialistas y el movimiento izquierdista Sumar, no dispone de mayoría suficiente en el Congreso para aprobar leyes.

Será precisamente en el trámite parlamentario cuando la patronal CEOE intentará transmitir su visión a los partidos, dijo hoy su presidente, Antonio Garamendi, pues se trata de un asunto, argumentó, que debe tratarse en la negociación colectiva entre empresarios y organizaciones de trabajadores.

"El daño real se está haciendo a los pequeños empresarios, a los autónomos (...) a esos comercios de barrio, a esos bares, ese es el daño real, se le está haciendo a esa gente", comentó, al mismo tiempo que calificó de "trampa" la propuesta de ayudas a las pymes para aplicar la medida.

También criticó que se haya "jugado un monólogo social", sin los empresarios.

El Partido Popular (conservador), principal fuerza opositora, se muestra a favor de abrir el debate de la flexibilización de la jornada laboral "siempre dentro de los acuerdos entre empresarios y sindicatos" y que no provoque un menoscabo a la productividad, dijo el dirigente Elías Bendodo.

Pero el ministro Hereu indició en que "España está demostrando que el progreso económico va de la mano de la extensión de derechos" y que "la mejora de la productividad permite este magnífico gran objetivo".

La propia ministra de Trabajo aseguró ayer que servirá para "modernizar" el país y mejorar la vida de la personas, pues tendrán más tiempo libre al margen de la actividad laboral.

"Cumplimos con un compromiso histórico de este gobierno con los trabajadores", subrayó, a su vez, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aunque esta cuestión y cómo aplicarla ha causado tensiones entre Díaz y el ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo.

El anteproyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital para que se respete el descanso y la privacidad de los empleados cuando no estén trabajando.

La propuesta pasa a consulta de órganos técnicos antes de que el Ejecutivo apruebe el proyecto de ley y lo envíe al Congreso para comenzar la tramitación parlamentaria. EFE