Cracovia, (Polonia), 3 feb (EFE).- El ministerio de Justicia polaco ha presentado este lunes dos proyectos de ley alternativos con el objetivo de abordar la situación de los llamados "neojueces", aquellos designados para el cargo después de 2017 por un Consejo Nacional de la Judicatura (KRS) y cuya legitimidad está en entredicho.
Estos proyectos de ley buscan garantizar la independencia del poder judicial, según declaró este lunes en una rueda de prensa en Varsovia el viceministro de Justicia, Dariusz Mazur, quien afirmó que "el objetivo es restablecer el orden constitucional" en el país.
El problema central radica en la composición del actual KRS, el órgano encargado de la selección de jueces en Polonia, cuya actual composición ha generado una crisis en el sistema judicial.
El ministro de Justicia polaco, Adam Bodnar, reiteró hoy por su parte que, en su opinión, este órgano este órgano ha sido politizado, ya que 23 de sus 25 miembros son políticos o personas elegidas por políticos del anterior Gobierno ultraconservador del Partido Ley y Justicia (PiS).
Esta situación, según Bodnar, "es incompatible no sólo con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con las opiniones de otras instituciones que vigilan el Estado de derecho, sino también con la Constitución polaca".
Como consecuencia, se ha cuestionado la legitimidad de los nombramientos de jueces realizados por este organismo, unos magistrados a los que se conoce como "neojueces".
Los dos proyectos de ley presentados este lunes por la Comisión de Codificación del Poder Judicial, el equivalente al Consejo General de la Judicatura, buscan solucionar este problema mediante dos alternativas.
El primer proyecto propone que los casi 3.000 jueces designados por el actual KRS pierdan sus cargos, mientras que el segundo plantea que los nombramientos de estos jueces sean verificadas por un KRS reformado, con la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo, pendiente a su vez de otra importante reforma.
Sea cual sea la fórmula que finalmente se adopte, los cambios afectarán como mínimo a más de 1.500 jueces, incluyendo a los 1.200 jueces que fueron ascendidos a tribunales superiores y que posiblemente deberán regresar a sus puestos originales.
Mientras se dilucida cuál de las dos medidas se adopta, los "neojueces" podrán seguir ejerciendo sus funciones en sus cargos actuales durante un período de transición de dos años.
Sin embargo, existe la posibilidad de impugnar sentencias dictadas por los "neojueces" en los casos en que una de las partes haya cuestionado previamente la imparcialidad del tribunal por motivos políticos.
El Ministro de Justicia reconoció que la discusión de estas propuestas con los socios de la coalición centrista encabezada por Donald Tusk será un desafío y declaró: "necesitamos considerar qué solución debemos adoptar en esta situación".
La entrada en vigor de estas regulaciones se estima para el 1 de octubre de 2025 o el 31 de enero de 2026, con la expectativa de que los procedimientos relativos a estos jueces finalicen entre 2027 y 2030.
En total, se calcula que aproximadamente un tercio de los magistrados de todo el país se verá afectado por esta nueva reforma judicial, que se suma a varias anteriores y que ha sumido al Sistema Judicial polaco en una situación caótica. EFE
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