España pedirá este lunes en Bruselas un tope del 20% a la reducción de días de pesca en el Mediterráneo

España, Francia e Italia impulsan en Bruselas una propuesta para limitar en un 20% la reducción de días de pesca en el Mediterráneo, garantizando el equilibrio entre sostenibilidad y actividad pesquera

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España, Francia e Italia pedirán este lunes en Bruselas poner un tope del 20% a la reducción de los días de pesca en el Mediterráneo para evitar nuevos recortes a la actividad como el del pasado mes de diciembre, que supuso una merma del 79% de los días de trabajo hasta una media de 27 al año, aunque finalmente se incluyeron medidas para amortiguar su impacto y mantener la actividad del sector del arrastre.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá esta petición, junto a sus homólogos francés e italiano, durante la reunión de los ministros europeos del ramo que se celebra este lunes en la capital belga.

Las tres delegaciones presentarán una propuesta de reforma del reglamento de Plan Multianual de gestión para el Mediterráneo Occidental con el objetivo de garantizar una mayor previsibilidad económica para el sector y garantizar su protección y viabilidad.

Ahora que han pasado ya cinco años de la aplicación del plan de gestión, fuentes diplomáticas aseguran que el sector ha hecho un "esfuerzo enorme" para adaptarse y que hay elementos que es "necesario y urgente corregir".

Con este objetivo, la propuesta incluye medidas concretas como la de poner un tope a las reducciones e incrementos de los días de pesca para que estos no superen el umbral del 20% y no tengan un impacto tan pronunciado sobre la flota arrastrera que faena en el Mediterráneo Occidental.

España también quiere que las medidas sobre Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas pasen de ser anuales a plurianuales y que se permita pasar un 10% de las posibilidades de pesca entre dos años consecutivos para facilitar la planificación de la actividad.

Asimismo, pretenden desvincular las cuotas que se establecen para todas las especies de la situación de la población más vulnerable y que se tenga en cuenta la naturaleza mixta de la pesquería del Mediterráneo.

Con esta petición, España busca evitar que las especies más vulnerables condicionen la pesca del total de poblaciones que habita en una zona concreta, como ocurrió en el acuerdo pesquero de diciembre, cuando las especies demersales, cuya recuperación preocupaba a la Comisión Europea --los alevines de merluza y la gamba roja--, obligaron a limitar la actividad de toda la flota.

Aunque la propuesta no se someterá aún a votación, España, Francia e Italia invitan al resto de Estados miembro a unirse a esta petición a la Comisión para que presente "cuanto antes" una propuesta de modificación del plan plurianual del Mediterráneo Occidental para preservar la actividad pesquera al tiempo que se garantiza la protección de las especies.

PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES Y ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS

Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE también debatirán este lunes por primera vez las propuestas de la Comisión en materia agrícola sobre un reglamento relativo a la aplicación transfronteriza contra las prácticas comerciales desleales y las modificaciones específicas del actual marco jurídico por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (OCM).

Estas dos propuestas pretenden reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentaria y reflejan algunas de las recomendaciones derivadas del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE.

En concreto, la propuesta sobre la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales busca reforzar las relaciones entre empresas de la cadena de suministro agrícola y alimentaria e incluye nuevas medidas para mejorar la cooperación entre Estados miembro.

Por su lado, el reglamento de la OCM refuerza el papel de las organizaciones de productores, establece normas sobre regímenes de intervención y ayuda en el mercado y nuevas reglas de comercialización y relaciones contractuales entre agricultores y compradores.

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